La jueza federal Martina Forns habilitó la feria judicial excepcionalmente para tratar un recurso de amparo presentado por un trabajador, inscripto en el monotributo social, que denunció a la funcionaria amiga de Javier Milei, Sandra Pettovello, por haberse quedado sin cobertura de salud, luego de que Capital Humano dejara de pagar el componente de la obra social que le correspondía.
«El que las hace, literalmente las paga», celebró Juan Grabois, quien representó legalmente al trabajador damnificado. La multa ascendería a un pago de $50.000 pesos por día hasta que se resuelva la situación.
Este es el segundo caso del mismo estilo, presentado por el equipo de abogados de Argentina Humana, en el que la Justicia falló a favor de los damnificados, y sentó un precedente jurídico para la presentación de un amparo colectivo.
Según los datos aportados por Argentina Humana, desde que la cartera dejó de pagar, 346.522 personas fueron dadas de baja, de un universo de más de 1,2 millones. Eso se traduce es más informalidad laboral sin seguridad social.
«Seguís incumpliendo, seguís perdiendo. El que las hace, literalmente, las paga. Cincuenta lucas por día de la tuya, Pettovello, hasta que restituyas la cobertura de salud y los aportes jubilatorios de los monotributistas sociales… y prepárate para pagar tus crímenes sociales cuando se caigan todas las mentiras que dijeron y se les termine la impunidad», agregó Grabois.
Este no es el único revés judicial que deberá afrontar la ministra predilecta del presidente. Sucede que, esta semana también, el juez Enrique Lavié Pico tomó el reclamo de 63 comedores para que vuelvan a ser incluidos en el registro oficial y poder recibir alimentos luego de que el Gobierno libertario resolviera recargar el peso del ajuste que impulsa sobre las espaldas de los más débiles.
La presentación estuvo a cargo de organizaciones sociales, que pidieron el reconocimiento de 63 comedores comunitarios pertenecientes a la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (Faccyr).
De esta manera, el área dirigida por Pettovello tendrá tiempo hasta este viernes para dar respuesta a este reclamo, en un nuevo capítulo de la batalla legal entre las agrupaciones que reclaman comida para sus centros comunitarios y la funcionaria.
Los comedores que presentaron el reclamo judicial se encuentran registrados en el Renacom, y dispusieron toda la documentación solicitada para recibir alimentos como venía sucediendo desde hace años.
A pesar de ello, Pettovello ordenó suspender todo tipo de asistencia y dejar a la deriva a los niños, adultos y adultos mayores que concurren a esos lugares todos los días para poder acceder a un plato de comida.
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El juez Lavié Pico hizo lugar al reclamo y expresó en su dictamen: «Los argumentos esgrimidos para fundamentar la solicitud de habilitación de la feria judicial revisten suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida».
Y agregó: «La demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos».