El Gobierno fijó los lineamientos para la importación y exportación de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a una operación de valorización. La prohibición se mantenía vigente desde hace 16 años, cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la tonelada de chatarra rondaba los 70 dólares.
Con el Decreto 1/2025, el presidente Javier Milei autorizó la comercialización definitiva o temporaria de chatarra y residuos metálicos, los cuales podrán ser utilizados como “insumo para un proceso productivo determinado o un producto de uso directo” en el Territorio Nacional, el Área Aduanera Especial y las Zonas Francas, incluidos sus espacios aéreos y marítimos.
La liberación de la exportación de chatarra, que podría tener precios de entre 250 y 300 dólares por tonelada, no cayó bien entre las principales siderúrgicas, como Techint y Acindar. También genera dudas entre unas 300 pymes metalúrgicas, que emplean a 6.000 personas.
Los principales países compradores de la chatarra argentina serían China y Turquía. La exportación de chatarra funciona como la de carne con la cuota Hilton: al mundo se irán los mejores «residuos» (que en la industria prefieren llamar «insumos») y en el país quedarán los de menor calidad, que no pueden ser procesados en los hornos de las pymes siderúrgicas.
Para producir acero, Techint podrá recurrir a importaciones de hierro y carbón -un acero con mayores emisiones de dióxido de carbono- para reemplazar la chatarra -que, dada la calidad de sus hornos, puede utilizar una de menor calidad que las fundiciones pymes-, pero para eso necesitará que el Banco Central le preste dólares. Por eso la industria sostiene que la chatarra es un «insumo estratégico».
