La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) advirtió que los aumentos en las cuotas de medicina prepaga de los últimos dos años no se trasladaron a los aranceles de los prestadores ambulatorios, lo que provoca una «brecha crítica» que compromete el sostenimiento del sistema de salud.
Un informe de la institución, que representa al sector del diagnóstico y tratamiento médico en todo el país, señaló que las prepagas incrementaron sus cuotas un 435% promedio en los últimos dos años, según datos actualizados a octubre de 2024. En cambio, los aranceles que reciben los prestadores subieron entre 160% y 224%.
CADIME afirmó que estos montos son insuficientes para compensar el aumento de los costos operativos: en el mismo periodo, la inflación general acumulada fue del 544% y la inflación del sector de salud alcanzó el 583%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Como resultado, desde 2022, y especialmente en 2023 y 2024, creció la disparidad entre los costos operativos que tienen los prestadores de análisis clínicos, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, radioterapia, oftalmología, odontología, kinesiología, diálisis, consultorios médicos y demás prácticas ambulatorias, y los valores que las prepagas les abonan por su trabajo.
El informe remarcó que esta situación también afecta a los pacientes, ya que pagan cuotas cada vez más caras y copagos que antes no abonaban, pero los prestadores de salud reciben cada vez menos, lo que compromete seriamente la sustentabilidad de la red en todo el país.
Te puede interesar:
Cambios en prepagas: afiliados perjudicados por acceso a medicamentos y prácticas médicas
Si bien hasta el año pasado las prepagas debían trasladar el 90% de los aumentos autorizados en las cuotas a los aranceles, el relevamiento entre los socios de CADIME indicó que más del 80% no recibió esos aumentos. Además, el pago de las prestaciones se hace efectivo, en promedio, entre 60 y 90 días después de su facturación.
En este contexto, la entidad exigió revalorizar al sector, mejorar sustancialmente los aranceles que abonan las obras sociales y la medicina prepaga, y regularizar el pago por las prestaciones realizadas a 30 días y a valores actualizados al momento del pago.