La historia de las centrales termoeléctricas Araucaria y Matheu III se remonta a 2016, cuando el estado nacional decidió instalarlas en una zona rodeada de barrios y escuelas, entre Escobar y Pilar, generando el rechazo de ambos municipios y de miles de vecinos de esa zona. Y ahora la saga tiene un capítulo más tras un fallo judicial que da marcha atrás con otro que en febrero de este año había frenado el funcionamiento de las centrales.
En febrero de este año, la Cámara Federal de San Martín le negó a la empresa SCC Power continuar con su actividad en el límite de las localidades de Matheu y Villa Rosa., sobre la Ruta 25, en el límite entre esos distritos del norte del Conurbano. Ese fallo había sido noticia tras el pedido de la firma para prorrogar sus actividades en enero de 2023, que venció en junio de ese año, y buscaba extender ese plazo por otros seis meses a partir de principios de este 2024, para poder seguir funcionando.
Pero ahora todo volvió hacia atrás cuando el Juzgado Federal de Campana habilitó el funcionamiento provisorio de tres turbinas de la termoeléctrica Matheu III. La autorización a SSC Power se da de manera provisoria durante el verano y fue justificada por la justicia en la necesidad de prevenir los cortes de energía eléctrica en la zona durante la temporada estival.
Según informó Qué Pasa Web, el fallo indica que la compañía podrá funcionar con tres turbinas en el horario de 9 a 21 y por un plazo de tres meses «eventualmente renovable por otro período de igual término y por única vez», a partir del 15 de diciembre.
La medida es «excepcional», justificándola en que la empresa pide esa autorización con el aval de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico S.A (CAMMESA) y en el marco del dictado del Plan de Contingencia por parte de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, con el objetivo de «garantizar el suministro eléctrico» y «evitar cortes de luz» en la zona de influencia durante los meses de verano, donde crece el consumo de energía por las altas temperaturas.
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«Para el caso que la empresa SSC Power pretenda hacer funcionar la central aludida fuera del horario dispuesto en el presente decisorio, deberá contar con la autorización previa y expresa de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A«, se indica en la resolución judicial dada a conocer por ese medio.
Escobar y Pilar, contra las termoeléctricas
Las quejas de los vecinos fueron permanente desde la habilitación de las plantas. Los ruidos y la contaminación en el aire que generó la puesta en marcha de la central obedece, en parte, a la cercanía con distintos predios poblados.
Desde las termoeléctricas al pueblo de Matheu hay 250 metros y a menos de 1.000 metros a la redonda se encuentran los barrios Los Pilares, Campo Chico, Campo Grande y Pradera. A 1.600 metros está el barrio Saint Matthews y el Colegio Saint Matthews está a 2.000 metros.
En el radio de 1.500-2.500 metros también se ubica el country Lagartos, y en el radio de 2.500 a 4.000 metros quedan aún más urbanizaciones incluyendo La Lomada, Ayres, Highland y Farm Club.
Las termoeléctricas se instalaron en 2016 en una zona de Villa Rosa que entonces estaba catalogada como residencial. El intendente macrista de Pilar de ese entonces, Nicolás Ducoté, les otorgó una excepción al código urbano y luego, en una reforma integral muy criticada por los vecinos, rezonificó el predio como de uso industrial.
El actual intendente, Federico Achával cambió todo el panorama y siempre se opuso a las termoeléctricas: «Siempre estuvimos en favor de los vecinos y del cuidado del medio ambiente. Esto es lo que queremos para Pilar, para hoy y de cara al futuro», señaló.
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Ariel Sujarchuk, su par escobarense, también siempre se opuso a la apertura de la planta de Araucaria, dejando sentada su posición y la de la Comuna a favor de los residentes de la zona, al punto que este nuevo fallo del Juzgado de Campana activó las alarmas de la Comuna, que en un reclamo oficial se mostró en contra de la determinación judicial.
El reclamo presentado por el Municipio de Escobar solicita también que, en caso de mantenerse el fallo judicial, las áreas municipales correspondientes estén autorizadas a llevar a cabo controles periódicos ambientales y de inspección.