A mediados del mes de noviembre, los diputados del Pro Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero presentaron un proyecto para derogar la Ley Nacional 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, también conocida como Ley de Etiquetado Frontal. «Intervencionismo estatal excesivo» fueron algunos de sus fundamentos que sustentan dicho pedido.
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable fue aprobada por el Congreso de la Nación el 26 de octubre de 2021, desde allí los consumidores han empezado a educarse y formarse en torno a qué llevan a sus mesas. Pero, tres años después una dupla de diputados intenta dar marcha atrás con una ley que es tomada como ejemplo en América Latina. Dentro de los argumentos referidos por los legisladores se pueden destacar que, según sus conocimientos, la ley es paternalista y no informa, limita la libertad de las empresas para comercializar sus productos, coarta la libertad de los consumidores para decidir qué productos comprar entre otros argumentos carentes de un marco teórico que lo respalde.
Pese al pedido de los diputados, más de 150 organizaciones rechazan la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal. Organizaciones de la sociedad civil, asociaciones médicas, instituciones académicas, periodistas, cocineros, entre otras voces, se unieron en una declaración para defender la ley de Promoción de Alimentación Saludable (Ley PAS) frente a los intentos de debilitarla y/o derogarla.
Con el fin de seguir informando y destacando la importancia de esta ley que promueve la salud, desde Consumidores en Acción, la licenciada en Nutrición Silvina Minicucci enfatizó que, «este pedido atrasa un montón sobre todo con respecto a todas las garantías ganadas para los consumidores. Considerándolo además como un intento de derogación que carece de evidencia científica y tecnicismo profesional».
«Hay una industria alimentaria pujante que nunca puede estar encima de los derechos del consumidor ni de la salud de la población», destacó la licenciada.
Cada vez son más los discursos que refieren al corrimientos de políticas públicas. «El estado debe intervenir porque estamos hablando de salud y es quien debe velar por los derechos humanos».
Esta ley abarca tres ejes bien marcados, «uno es el etiquetado, el otro es la promoción de la protección de la infancias -entornos escolares saludables- y el tercero es la publicidad».
A la industria no le gusta que sus paquetes tengas octógonos, «pero la solución no es sacarlos, sino que se procuraba que la industria mejore lo que está ofreciendo. Que reformulen sus productos, no que saquen el etiquetado».
En todos estos años de implementación los resultados han sido positivos. “Tiene que haber mejoras, sí, hay puntos que deben detallarse también, pero la segunda etapa no es la derogación sino que es la educación. El Estado debe educar a la población para saber leer e interpretar un etiquetado. No es sacar sino educar”.
Valeria Vaccaro vicepresidenta de la Unión de Usuarios y Consumidores también realizó un balance de los años de implementación y reflexionó que: “Hay productos que han ido quitado sus octógonos, porque la ley en sí promueve que este tipo de alimentos industrializados el consumidor puede elegirlos o no. A lo largo de estos años fuimos aprendiendo qué estamos comiendo, seleccionando según las enfermedades de cada persona”.
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