Una buena noticia para los inquilinos de Santa Fe. Es que a partir de noviembre ya no deberán pagar el impuesto al sello cuando se les actualice el valor del alquiler, según lo dispuso la resolución 033/2024 de la Administración Provincial de Impuestos (API). Esto permitirá abaratar entre $100.000 y $150.000 los gastos que conlleva renovar el contrato de locación.
Así las cosas, el impuesto al sello en los alquileres de vivienda única y permanente solo se abonará cuando inicie la locación y su valor será equivalente al 0,1% del valor total del contrato. No obstante, cuando haya garantías de por medio se deberá pagar un adicional del 0,75%, elevando este impuesto al 0,85%. Cabe destacar que el tributo puede ser abonado por los propietarios o por los inquilinos, según lo que acuerden las partes.
Para conocer más detalles de esta resolución, Conclusión dialogó con el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda de la Oficina del Consumidor de Rosario, Ariel D’Orazio, quien explicó: “Se eliminó la reglamentación que establecía la posibilidad de cobrar el sellado cuando variaba el valor del alquiler. Ante cada aumento, los inquilinos debían pagar un nuevo sellado calculado por los meses restantes y la actualización que sufría el valor del canon locativo”.
“Pero esto se eliminó a partir de noviembre en la provincia de Santa Fe, por ende, el sellado vuelve a pagarse por única vez al comienzo de la locación. En las actualizaciones ya no se podrá cobrar ni el sellado ni un ajuste en las comisiones inmobiliarias”, señaló el referente inquilino.
Seguidamente, aclaró que, a pesar de que casi en el 98% de los casos el abono del sellado recae sobre los inquilinos, el pago de este tributo “no es una obligación exclusiva del inquilino”, sino que “se puede negociar” con los propietarios.
“La reglamentación ya está en vigencia. A partir de este momento se elimina, para todos los contratos, el pago del sellado en las actualizaciones”, determinó D’Orazio.
La difícil tarea de alquiler
En otro tema, el referente inquilino analizó la situación que afrontan quienes deben rentar una vivienda, luego de que el gobierno de Javier Milei, a poco de asumir, derogara la Ley de Alquileres.
“Los principales reclamos dejaron de ser los problemas edilicios o estructurales de la vivienda y pasaron a ser situaciones netamente económicas. Los inquilinos nos piden ayuda para confeccionar un plan de pago, asistencia para rescindir o terminar un contrato porque no pueden hacer frente al pago del alquiler, denuncian cálculos que se hacen de las actualizaciones que son erróneos y cuestionan la incidencia que tienen las expensas en su economía”, advirtió.
D’Orazio indicó que hay una caída en la demanda de viviendas en alquiler, dado que muchas personas –principalmente estudiantes– optaron por agruparse y compartir el inmueble con otros inquilinos.
“Muchos estudiantes dejaron sus carreras porque no pueden planificar económicamente el año. También vemos que hay un 3,3% de morosidad, muy por encima del techo histórico, que era del 1%, con mucha gente rescindiendo o solicitando que no se apliquen aumentos, porque se les hace imposible pagarlo”, cerró el integrante de la Oficina del Consumidor.
