La Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo condenó al Gobierno nacional a continuar con la entrega de alimentos en comedores y merenderos discontinuada desde el mes de febrero, lo que representa la cuarta derrota judicial para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Se trata de la causa iniciada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en conjunto con el Centro de Estadísticas Legales y Sociales (CELS) y con el patrocinio de Juan Grabois en su calidad de abogado. Además, los demandantes planean llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este mes.
El fallo del juez Walter Lara Correa da lugar al amparo colectivo presentado por la UTEP y el CELS y reconoce el derecho a la alimentación de las personas que asisten a comedores y merenderos y condena al Gobierno a restablecer la entrega de alimentos para no «incurrir en responsabilidad internacional».
«El objeto de la presente acción se circunscribe al reconocimiento del derecho a la alimentación, sujetos titulares del derecho son las/los seres humanos —especialmente grupos eternamente desaventajados, especialmente niñas, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores, y personas con discapacidad— y que los comedores y/o merenderos constituyen instrumentos para la satisfacción del derecho», agregó el fallo de Lara Correa.
Asimismo, dispone que «el Estado Nacional debe continuar con la ejecución de las políticas públicas vigentes en materia alimentaria de manera progresiva».
«La solución se circunscribe al mantenimiento en la ejecución de los planes y programas vigentes e informados por el Ministerio de Capital Humano, la continuación de las políticas públicas que el propio Estado Nacional reconoce que implementa resulta ser beneficio para los grupos desaventajados, habida cuenta de que no representa un privilegio para dichas personas, en cambio resulta una herramienta para el cumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación, a fin de que la Administración Pública Nación no incurra en responsabilidad internacional», agregó el juez en su sentencia.
Entre otros puntos, el fallo destaca la importancia de mantener el Registro Nacional de Comedores (RENACOM) con datos actualizados y vigentes para garantizar el abastecimiento de alimentos en los espacios validados.
Actualmente, hay dos procesos judiciales abiertos contra Pettovello a raíz de denuncias realizadas por la UTEP. Una de ellas, en el fuero penal, donde la ministra es investigada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad. La otra, en el fuero contencioso administrativo, donde el juez Lara Correa ya había dado lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría oficial.
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Por su parte, la UTEP fue convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia que se realizará el 14 de noviembre, en Washington, para exponer la situación en Argentina a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales, lo que representa una vulneración en los derechos humanos de los trabajadores de la economía popular.
Esta audiencia podría derivar en una visita de la CIDH a nuestro país para constatar lo expuesto, tal como lo hicieron en 1979, cuando documentaron las atrocidades cometidas por la última dictadura cívico-militar.