El gobierno de Javier Milei envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca instalar el proceso de “divorcio administrativo”, una instancia para disolver el vínculo de matrimonio de forma rápida y con la mediación de un funcionario del Registro Civil en lugar de un juez. La iniciativa fue cuestionada por la comunidad jurídica, que advirtió que este “trámite exprés” no contempla cuestiones como la tenencia de los hijos menores de edad, la cuota alimentaria o la división de bienes, y alertó que podría aumentar la litigiosidad cuando las partes no lleguen a un acuerdo sobre estos puntos.
El proyecto presentado en el Congreso –que lleva la firma del ministro Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos– busca “implementar la disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa, incorporándola a las actuales causales de disolución establecidas en el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación”.
Tras asegurar que un divorcio judicial demanda “tiempo y sumas sustanciales de dinero”, desde el Gobierno propusieron “implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esta manera a los cónyuges disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica”.
Proyecto de ley sobre el di… by Conclusión TV
El proyecto también observó que, mientras el divorcio se tramita en la Justicia, las partes “no pueden disponer de sus bienes con entera libertad”, por lo que propuso que puedan terminar su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, con un simple trámite administrativo.
Desde la comunidad jurídica de Rosario advirtieron que, si la iniciativa se aprueba, permitirá que la unión matrimonial se pueda disolver en el Registro Civil, pero en esta instancia no se atenderán cuestiones como el reparto de bienes, la custodia de los hijos y la cuota alimentaria, lo que podría aumentar los juicios.
¿Más litigiosidad?
El presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Lucas Galdeano, habló con Conclusión y explicó: “Hoy para divorciarse hay que ir a Tribunales, al trámite sólo lo puede gestionar un juez. Este proyecto incorpora la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial, siempre que ambas partes esté de acuerdo, frente a un funcionario público del Registro Civil”.
Sin embargo, el abogado señaló que “el proyecto tiene más falencias que soluciones”, y cuestionó que no se contemplen cuestiones como la cuota alimentaria, la custodia de los hijos o la división de bienes. “El divorcio –apuntó Galdeano– es la disolución de un montón de efectos jurídicos que se generaron producto de la convivencia en matrimonio. Esta propuesta legislativa no tiene en cuenta las consecuencias de la disolución del vínculo”.
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“El divorcio, la firma del papel, es una parte, pero no es la única ni la más importante. Lo verdaderamente relevante son los efectos, el patrimonio, la comunidad de ganancias, los bienes, el hogar conyugal, los hijos, hay regímenes de tenencia, derechos y deberes alimentarios”, resaltó el titular del Colegio de Abogados, quien recordó que un funcionario del Registro Civil tiene “vedado por ley” decidir sobre estas cuestiones y sólo puede intervenir sobre ellas un juez.
“En el régimen actual existe la propuesta reguladora, que busca resolver todos los efectos jurídicos de esta convivencia que se agota por el divorcio. Hoy vas a Tribunales, decís que te querés divorciar, solo o acompañado, si tu esposa o esposo no quiere venir el juez te va a divorciar igual, pero tenés que traer una propuesta reguladora. El título del trámite es el divorcio, pero también podría ser la resolución de los derechos alimentarios de los cónyuges, la guarda, tenencia y custodia de los hijos menores, quién se va a hacer cargo del hogar conyugal, qué va a ocurrir con los bienes”, apuntó el letrado.
Asimismo, destacó que en la provincia de Santa Fe es el Juzgado de Familia el que tiene competencia exclusiva en materia de divorcios y detalló que este trámite, siempre que sea de mutuo acuerdo, suele demorar unos 30 días, mientras que la mayor demora se da en la inscripción del Registro Civil. En esta línea, observó: “No hay sobrecarga en los Tribunales por los divorcios consensuados, que no deben llegar al 5% de todos los trámites que se reciben. El porcentaje es insignificante en comparación a los beneficios que trae, porque acomoda el proceso. Si en un juicio de divorcio hay diferencia sobre la cuestión alimentaria, el juez cita a las partes y lo resuelve. La instancia es funcional a la resolución de conflictos y a la paz social”.
Galdeano señaló que el trámite de divorcio no es muy costoso, pero en caso de que el problema sea económico habría que trabajar en herramientas que resuelvan esa situación en particular, sin alterar el proceso. El abogado, además, destacó que al tramitar el divorcio ante un juez las partes salen con un “montón de cuestiones solucionadas”, porque “la legislación está diseñada para que el ciudadano que concluye la vía del matrimonio resuelva varios problemas”.
Y advirtió: “Cuando no ocurra el abordaje integral de estas soluciones, va a haber una mayor litigiosidad, todo lo contrario a lo que el proyecto busca en sus objetivos. Si esta iniciativa se convierte en ley, las partes van a poder terminar su unión civil de forma exprés, pero van a tener que acordar de manera privada o en Tribunales cómo distribuir los bienes, la custodia de sus hijos y la cuota alimentaria”.
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“Hoy el proceso de familia, tal cual está, no requiere ningún tipo de revisión. Soy crítico de cómo están diseñados muchos procesos en Argentina, pero este está bien porque resuelve muchísimos problemas que no vemos. Esta legislación va a generar problemas que el proceso actual resuelve”, cerró el titular del Colegio de Abogados de Rosario.
Una mirada de género
La asociación civil “Ahora que sí nos ven” alertó que este proyecto de divorcio administrativo es una “amenaza a los derechos conquistados”, dado que no regula “la custodia de los niños, los alimentos y atribución de la vivienda, tampoco la división de bienes ni compensación económica”, cuestiones que, a entender de la organización, ahora deberán judicializarse por separado.
“Esto va a implicar que la parte más vulnerable (mujeres, disidencias, infancias y adolescencias) vea más difícil el acceso a la Justicia y el tiempo se lleve los derechos. Se argumenta con el costo de honorarios de profesionales, pero si las defensorías públicas corrieran sus límites irrisorios para representar, se podrían realizar acuerdos ‘gratuitos’, que en realidad están pagados por nuestros impuestos”, expresó la asociación.
Y cerraron: “Quienes se benefician de los divorcios administrativos son los que más tienen. Los acuerdos se harán por escribanos y los derechos no serán defendidos con la correspondiente perspectiva de género”.
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