El secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales de la provincia, Ramón Soques, dijo este jueves que en la zona de la Terminal de Ómnibus de Rosario aumentó el número de personas en situación de calle y de recolectores urbanos como consecuencia “del contexto” social. El funcionario realizó esas declaraciones al presentar junto al secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, y al fiscal regional interino, Matías Merlo, una evaluación de la primera etapa del programa de Intervenciones Barriales Focalizadas (IBF) en el barrio Luis Agote.
El IBF supone una serie de intervenciones multiagenciales con la participación de provincia, municipio y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que van desde la prevención y persecución del delito a la atención de consumos problemáticas y personas en situación de calle. “Para nosotros era un gran desafío abordar un territorio de estas características alrededor de la Terminal, donde se aborda a personas en situación de calles y recolectores urbanos, en un contexto donde hay más de estas situaciones”, sostuvo Soques.
Al brindar detalles de la evaluación del programa en el que participa el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, precisó que “hicimos más de 170 intervenciones de casos particulares, que son familiares e individuales, cuestiones de salud mental y consumos problemáticos”. Agregó que “el trabajo fue muy bueno y el desafío es sostenerlo en el tiempo”
A la vez, Soques reveló que como consecuencia de la situaci´n social, se incrementó el número de personas en situación de calle y de cartoneros que circulan por el barrio Luis Agote. Dijo que las intervenciones se realizan “sabiendo que estamos en un contexto donde hay nuevas personas que están dedicándose al cartoneo, que no saben hacerlo sino que lo hacen a partir de una necesidad, y esos casos tenemos que abordarlos”.
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Además, puntualizó que “muchos son ex empleados de la construcción”, una de las actividades que más sufrió la recesión por la decisión del gobierno de Javier Milei de paralizar la obra pública en todo el país.
El secretario de Gobierno, Chale, dijo que “la primera evaluación es muy satisfactoria, y ahora se nos plantean algunas acciones con las personas que pasan la noche acá, para poder dar respuesta desde todas las agencias” estatales involucradas en el IBF. “No solo control y seguridad, persecución de deleito, sino también ahora en un trabajo casi personalizado con alguna gente”, abundó el funcionario municipal.
Por su parte, el fiscal Merlo valoró el “trabajo mancomunado y coordinado con las áreas municipales y provinciales que nos sirve para abordar puntos conflictivos”. Explicó que durante la primera etapa de intervención “tuvimos más aprehensiones por delitos predatorios como resultado de los patrullajes”.
Así, dijo Merlo, “mejoramos los índices de seguridad en ese sentido y pudimos bajar los índices delictivos, que rompen la armonía que tienen que tener los barrios comerciales de la ciudad”.