A través del Decreto Nº883/2024, publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei desreguló el transporte de media y larga distancia. La medida fue cuestionada por algunos referentes en movilidad, quienes advirtieron que se podrían dificultar los controles de seguridad en los vehículos y alertaron por la posibilidad de que las empresas dejen de realizar recorridos que no sean rentables, poniendo en riesgo la conexión de algunas poblaciones.
A grandes rasgos, el decreto crea un Registro Nacional del Transporte Interjurisdiccional de Pasajeros por Automotor –al cual se puede suscribir de forma pública, virtual y gratuita– y permite que las empresas elijan de forma libre los recorridos, horarios, precios, vehículos, duración de los servicios y puntos de ascenso y descenso, siempre y cuando los mismos estén autorizados por las jurisdicciones locales.
“Es importante destacar que se mantienen las exigencias en materia de seguridad ya establecidas en la normativa vigente”, señalaron desde el Gobierno. Para las autoridades, la desregulación generará una “mayor oferta de servicios y competencia de precios que beneficiará tanto al usuario como a las empresas y transportistas”.
“Quienes ya estén anotados en el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros por Automotor creado por el Decreto N° 958 del 16 de junio de 1992 quedarán automáticamente inscriptos en el nuevo régimen”, señaló el decreto.
El Gobierno desreguló el tr… by Conclusión TV
El diputado nacional y ex ministro de Transporte durante la presidencia de Alberto Fernández, Diego Giuliano, habló con Conclusión y observó: “El decreto intenta liberar el transporte sin tener en cuenta razones de seguridad vial ni la desconexión de regiones del país”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta), Luciano Fusaro, también dialogó con Conclusión y señaló: “Estamos a favor de la sana competencia y del libre mercado en el servicio de larga distancia, pero con ciertas consideraciones. Argentina se necesita desregular, desburocratizar, se necesitan bajar impuestos y simplificar las cosas para que las empresas sean más flexibles y adaptables, pero hay que tener cuidado de no irse al otro extremo para no caer en la precarización del transporte”.
¿Se dificultan los controles?
El legislador santafesino de Unión por la Patria advirtió: “El decreto establece que ya no va a ser necesario tener origen y destino en terminales de ómnibus, que en general están en un contexto de seguridad urbana, con conectividad de taxis, colectivos u otros medios de comunicación, hay videovigilancia, presencia policial y cuentan con el control de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt), que revisa los colectivos, los neumáticos y hace narcolemia y alcoholemia a los choferes. Esto se debilita enormemente cuando uno puede salir de cualquier lado”.
En esta línea, Fusaro añadió: “Hoy en día, como todos los vehículos salen de una terminal de ómnibus, es fácil controlarlos, pero ahora van a poder salir de cualquier lugar. No está claro cómo van a hacer los organismos de control para verificar el estado de las unidades, que van a tener un nivel de dispersión altísimo”.
Y apuntó: “Las empresas de larga distancia están obligadas, por una ley nacional, a reservar dos lugares de los vehículos para personas discapacitadas, que viajan gratis junto a un acompañante. ¿Los vehículos que se inscriban en este nuevo registro van a estar obligados a suscribir a esta ley? No queda claro, y podría ser competencia desleal”.
En cuanto a los registros, el referente empresarial apuntó: “Las empresas de servicios regulares ya tienen sus permisos, que obligan a sostener en el tiempo una serie de frecuencias. Las firmas nuevas que se anoten en el régimen creado en el decreto, como no tienen esa obligación, van a poder cargar de forma online los datos del vehículo que van a usar, el cual puede salir de una esquina, una plaza, una intersección de rutas, una terminal o cualquier lado. En cierta forma esto ya existe, cuando uno va a Once, aparecen micros, esos famosos tours de compras, que no son servicios de larga distancia, sino transportistas que juntan gente, les cobran y los suben al colectivo. Son servicios ilegales o irregulares, y esta norma blanquearía esa situación”.
Riesgo de incomunicación
El dirigente de Aaeta explicó que, de acuerdo a las actuales normativas, las empresas de transporte de larga distancia deben cumplir ciertas condiciones para poder funcionar: “El colectivo tiene que ir a determinados lugares y salir de una terminal de ómnibus, todo eso está establecido, las reglas incluso son muy rígidas, se necesita cierta flexibilización”.
Como ahora habrá libertad para establecer los recorridos, Giuliano advirtió que algunas poblaciones podrían quedar desconectadas: “Las empresas van a elegir los tramos más competitivos, los que dan rentabilidad económica. Hoy en día, como el transporte es un servicio público, cuando el Estado autoriza una traza compromete a la empresa a cubrir servicios menos comerciales y ahí se hace un equilibrio. Ahora promueven el vaciamiento de las pequeñas poblaciones, si no hay conectividad ni transporte, es muy difícil poder sostener una comunidad”.
“Al problema –completó Lusaro– lo vamos a tener con los pueblos chicos del interior. ¿Qué empresa grande va a querer ir a lugares que dan pérdida? Se va a desbalancear la oferta, va a haber muchos servicios en recorridos rentables y va a desaparecer todo en los tramos donde no hay ganancias. Argentina es el octavo país más grande del planeta, tiene una infraestructura aérea de cabotaje muy pobre y perdió la red ferroviaria, si a esto le agregamos un deterioro en el servicio de larga distancia, estamos en problemas”.
Y agregó: “Hay recorridos donde solo se gana plata en momentos turísticos o festivos. Si se desregula el sistema, todos van a querer transportar en temporada alta y a la temporada baja no la va a querer agarrar nadie. Las empresas que deben sostener un servicio regular pierden la posibilidad de ganar plata en temporada alta y van a estar obligadas a sostener las frecuencias en temporada baja, no tiene sentido”.
Celebran los monopolios
Las empresas, además, tendrán libertad para fijar precios. Al respecto, Giuliano advirtió que esto podría generar una concentración económica: “Las compañías que tienen más espalda seguramente van a bajar tarifas para desarmar la competencia. Va a haber una lucha de mercado en las trazas más rentables, y el pez más fuerte se va a comer al más pequeño, van a concentrar el transporte en muy pocas manos”.
En este sentido, Fusaro contempló: “Una empresa con capacidad económica puede ofertar recorridos con precios muy bajos, por debajo del costo, para matar a sus competidores, y una vez que estos desaparecen, se queda con todos los servicios y ahí sí sube los precios. En el largo plazo pierde el usuario”.
“Esto es romper todo”
El empresario señaló que, en materia de transporte, es “delicado” hablar de desregulación, y manifestó: “La movilidad tiende a estar regulada en todo el mundo. Se necesitan mecanismos de control y disminución de riesgos, sobre todo porque se usa la vía pública, el espacio común. Solo en los países muy subdesarrollados el transporte está totalmente desregularizado y, además, tiende a ser precario”.
Si bien dijo que la iniciativa es bien intencionada, planteó: “Si vamos por una baja de precios para que haya más oferta y sea más factible para los usuarios viajar, hay que reducir impuestos, ingresos brutos y la tasa de ingreso a las terminales de ómnibus, por esa vía también se logra una disminución de las tarifas”.
Fusaro, además, indicó que la organización empresaria que él representa no fue consultada a la hora de elaborar el decreto, aunque señaló que tienen un “buen diálogo” con las autoridades de transporte. No obstante, propuso que “los cambios sean graduales, que se dé un marco a los servicios menos rentables y que se aborde de forma urgente la baja de impuestos”, al tiempo que advirtió: “Cuando desaparece la regulación del Estado, aparecen las mafias del transporte”.
A su turno, el ex ministro de Transporte cerró: “Hay que hacer reformas, mejorar la situación del transporte y que la burocracia sea menor, pero esto es romper todo. Es aplicar el concepto o las ideas del Gobierno al transporte, así pasa con la universidad o la salud pública.