El senador justicialista del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, comenzó a ser imputado este martes como presunto jefe de una asociación ilícita que se dedicó, entre 2017 y 2021, a la organización y explotación de juegos de azar en forma clandestina, y por los delitos de coimas, tráfico de influencias y peculado.
La audiencia imputativa al dirigente político pasó a un cuarto intermedio y continuará este miércoles desde las 9 de la mañana, cuando se espera que preste declaración. Traferri llegó a ser acusado formalmente luego de renunciar a sus fueros como senador. Antes, la Cámara alta provincial había cerrado esa posibilidad cuando fue solicitada por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, luego apartados del caso.
Los fiscales Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granata y José Luis Caterina acusaron a Traferri de “haber tomado parte, en carácter de jefe, de una asociación ilícita” destinada a “dar cobertura al juego clandestino y de ocultar las ganancias del mismo” y, con ese propósito, garantizar “protección tanto política como judicial” a sus miembros.
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Para eso, según los fiscales, el jefe político del departamento San Lorenzo logró “infiltrar al Ministerio Público de la Acusación (MPA)” por medio de su entonces fiscal Regional, Patricio Serjal -que irá a juicio por ese motivo- y el fiscal de grado Gustavo Ponce Asahad (ya condenado).
De acuerdo a la imputación, Traferri sería el jefe de una banda que explotaba el juego clandestino en distintas ciudades de la provincia a través del capitalista de juegos de azar Leonardo Peiti, quien declaró haberle pagado coimas al senador para procurar la legalización de sus salas y quedarse con el juego on line en Santa Fe.
Para los fiscales, existe evidencia de que Traferri recibió pagos de Peiti a través de Ricardo Paulichenco, que era secretario legislativo del Senado (falleció en 2019) y hombre de confianza del jefe territorial de San Lorenzo.
También expusieron como evidencia la presunta “orden” de Traferri a Peiti para que transfiriera las cuotas societarias de dos empresas del capitalista de juego ilegal, Wildar Gaming SA y Southgame S.A., en favor de José Francisco Fernández Chemes y de Oscar “Popi” Larrauri, considerados miembros de la organización ilícita.
Los fiscales creen que Peiti no debía figurar como titular de dichas firmas por sus antecedentes penales, atento a que con esas empresas que pretendía quedarse con terminales de video lotería.
Entre otras evidencias, los tres representantes del MPA expusieron que Traferri utilizó subsidios de los que dispone en su condición de senador, para pagar una psiquiatra que dictaminara en favor de Peiti para que obtuviera una morigeración de prisión por medio de una internación domiciliaria.
Finalmente, la audiencia pasó a un cuarto intermedio y continuará este miércoles desde las 9 en el Centro de Justicia Penal, cuando se espera que el senador preste declaración en el ejercicio de su defensa.