En una nueva pulseada, el gobierno de Javier Milei avanza con el cuestionamiento sobre el presupuesto de las universidades en medio del veto a la ley de financiamiento educativo que propuso el propio mandatario. Ahora, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó que analiza opciones para auditar las 61 universidades nacionales que podrían ir en contra de la autonomía de las casas de altos estudios.
«Estamos trabajando en más de una opción», expresó Pettovello en su cuenta de X ante la noticia de la posible anulación de la resolución que impide que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite los gastos de las universidades estatales.
De esta manera, Pettovello confirmó que podría avanzar por anular esta resolución y también se avanzará con otras opciones, entre ellas dejar sin efecto también un artículo que determina sus autonomías.
La resolución del ex Procurador General de la Nación, Carlos Zannini, impidió que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite los gastos de las universidades estatales, ya que las casas de altos estudios son autónomas.
Para ordenar las auditorías en las casas de altos estudios, el Congreso debe hacer la petición por medio de comisión mixta revisora. En este marco, el Poder Ejecutivo no tiene potestad para revisar las cuentas de las universidades.
A su vez, el control externo de las cajas universitarias se realiza a través de un muestreo que realiza el Congreso vía la Auditoría General de la Nación (AGN), donde se determinan los aspectos del gasto presupuestarios a auditar.
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En esta línea, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el titular del CIN, que lidera la Universidad Nacional de San Luis, Victor Moriñigo, ya habían denunciado la inconstitucional del Ejecutivo de auditar las casas de altos estudios ya que sería un intento de “violación de la autonomía universitaria”.
«A las universidades nacionales las audita la Auditoría General de la Nación (AGN), que reporta al Congreso, y no al Poder Ejecutivo. Desde su génesis, las universidades nacionales son creadas desde el Congreso, con lo cual la AGN es la que tiene jurisdicción. Son cosas para la tribuna», planteó Moriñigo.