El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Nacional Unidas (ONU) elaboró un informe donde denunció la preocupación del organismo internacional sobre la reducción del presupuesto destinado para el área de infancias a la vez que criticó fuertemente la eliminación de áreas clave del Estado destinadas a la prevención de la explotación sexual infantil, la discriminación y el racismo, la violencia de género y la degradación de la otrora Secretaría Nacional de Niñez, Juventud y Familia (Sennaf) a una dependencia de menor jerarquía tras el ascenso de Javier Milei a la presidencia.
El informe tiene 17 páginas y fue presentado este jueves en Ginebra por la entidad supranacional a pocos días de que el titular del Poder Ejecutivo Nacional argentino viaje a la Asamblea General de la ONU, cuyo debate general se celebrará el próximo 24 de septiembre en Estados Unidos.
“El Comité está seriamente preocupado por los cambios institucionales y políticos que se están proponiendo desde fines de 2023 y el impacto que estos pueden tener en la protección de los derechos de los niños«, apunta el documento y señaló la «reducción, fusión y abolición de Ministerios» como el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y el «reemplazo de la Sennaf por una nueva Subsecretaría de menor jerarquía enfocado en las familias y la niñez», señala el relevamiento.
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Según el documento, el Comité reclama que se realicen “medidas urgentes” para cambiar el rumbo adoptado por el gobierno de La Libertad Avanza y apunta que desde el organismo están “seriamente preocupados por los proyectos de ley enviados por el Gobierno al Congreso que rebajarían la edad de responsabilidad penal a 13 años” y denuncia la existencia de “continuas detenciones en comisarías y prácticas degradantes, los malos tratos y la violencia en el sistema de justicia juvenil”.
“El Comité insta al Estado parte a que ponga su sistema de justicia juvenil en plena conformidad con la Convención, en particular derogando la Ley 22.278 y mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y se abstenga de reducirla”, agrega el documento.
Otro de los puntos que el informe destaca tiene que ver con el DNU 70/23 “y las reformas legislativas que promueven el cierre o la degradación de instituciones, reducen el alcance de las políticas públicas en materia de derechos del niño o promueven la derogación de normas que garantizan los derechos del niño, y recordando sus observaciones finales anteriores”. En esta línea, el organismo “insta al Estado parte a defender los más altos estándares de los derechos del niño, mediante reformas normativas progresivas, y poner fin a los retrocesos en materia de derechos del niño; adoptar una legislación marco de protección de la infancia en todas las provincias”.
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Así mismo, el informe subrayó que no hubo representantes del gobierno argentino en la presentación, a la vez que los observadores internacionales señalaron que “una reunión en línea no cumple con los estándares esperados”.
El Comité de Naciones Unidas recomienda “que el Estado parte (Argentina) aumente urgentemente las asignaciones presupuestarias para los niños, incluido el presupuesto para personal capacitado, infraestructura adecuada, programas de prevención y atención integral y cuidado, estableciendo objetivos de desempeño que vinculen las metas del programa relacionadas con la infancia con el presupuesto, con asignaciones y gastos reales, para permitir el seguimiento de los resultados y de los el impacto en los niños”.
El brutal ajuste provocado por el gobierno nacional “aumentará la vulnerabilidad de los niños en situación de calle”, por lo que insta al Ejecutivo a que “teniendo en cuenta en particular el contexto económico actual, formule políticas para protegerlos y apoyarlos a ellos y a sus familias» y «adopte medidas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza contra niños, particularmente aquellos en situación socioeconómica vulnerable, por parte de las fuerzas de seguridad“.
La crisis económica además se ve acompañada de la eliminación de las entidades estatales dedicadas a la prevención de la violencia discriminatoria (el Inadi y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad). Por eso, el Comité sumó a sus recomendaciones que el gobierno garantice “la aplicación plena y efectiva en todas las provincias de las leyes que prohíben la discriminación y promueven la tolerancia”, que desde las autoridades se promueva la convivencia entre la población y “abordar la conflictividad social en las instituciones educativas; a fortalecer las instituciones responsables de proteger y promover el derecho a la igualdad y la no discriminación, y a garantizar que la discriminación contra los niños sea abordado eficazmente”.