Por Manuel Parola
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) atravesó un nuevo capítulo en su proceso de reciente reforma: la fiscal regional de la segunda circunscripción, María Eugenia Iribarren, presentó el pasado viernes un pedido de jubilación anticipada y un cese de sus funciones al frente del organismo judicial ante la fiscal general de la provincia de Santa Fe, la doctora María Cecilia Vranicich, quien aceptó la renuncia este martes. La renuncia será efectiva a partir del 1º de septiembre del 2024.
Iribarren presentó su renuncia con el objetivo de tramitar su jubilación anticipada tras 30 años de trayectoria en el sistema judicial y casi un año de atravesar una intensa guerra fría dentro del MPA, del cual era la titular en Rosario. Ella pasó al frente de la segunda circunscripción de forma interina luego de que su antecesor, Patricio Serjal, fuera encarcelado por cobrar coimas al zar del juego clandestino en el sur santafesino Leonardo Peiti, en 2020. Una vez en el cargo, concursó para quedar efectivamente a cargo de la Regional Rosario hasta 2029.
La fiscalía se encuentra intervenida desde principios de año, por lo que Iribarren estaba recortada en sus funciones, luego de que el fiscal Matías Edery fuera señalado por una serie de irregularidades en su relación informativa con Mariana Ortigala, testigo en una de las causas que llevaba adelante el investigador desde la hoy desmantelada Agencia de Criminalidad Organizada.
María Eugenia Iribarren
Una fuente de gran experiencia en el ámbito judicial afirmó a Conclusión que «la intervención fue realmente una toma de posición muy grande de las autoridades del MPA» y argumentó su postura en el bajo entusiasmo de las investigaciones que se realizaron desde marzo hasta hoy en el Centro de Justicia Penal: «Al MPA lo durmieron» dijo la fuente y advirtió que «no hay investigaciones que vayan más allá de encontrar a quién amenazó a Di María o al que le puso un cartel a tal, pero no se sigue avanzando en investigaciones más complejas».
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Al ser consultado al respecto, la fuente confirmó que Iribarren trabajaba bajo mucha presión por parte de las autoridades del MPA, sobre todo a partir del episodio de Edery. En el escrito presentado a Vranicich, la fiscal admite «no estar de acuerdo con los lineamientos de política criminal» de la jefatura de la fiscalía: «Hay un acuerdo para no investigar y no tocar el poder real en la provincia de Santa Fe», fustigó el alto integrante de
A su vez, “Marita” Iribarren, como le decían sus colegas, había consultado sobre la duración de la intervención en la fiscalía de Rosario, a la cual le confirmaron que seguiría indefinidamente. Esto último, la “falta de apoyo” y la proximidad de los plazos reglamentarios para jubilarse la impulsaron a solicitar el trámite anticipado.
María Cecilia Vranicich, fiscal general de la provincia de Santa Fe.
El 19 de marzo, la fiscal general formalizó la intervención de la fiscalía rosarina y limitó las funciones de Iribarren, trasladándola a la fiscalía de San Lorenzo y destinándola a investigaciones en las localidades de San Lorenzo, Cañada de Gómez, Villa Constitución, con recortando su capacidad de gravitación. Fue reemplazada por su par de Venado Tuerto, el fiscal Matías Merlo.
Amparada en las reformas realizadas en la estructura del MPA, Vranicich fundamentó su resolución en ocho puntos, donde señaló que la segunda circunscripción carecía de liderazgo o de un criterio unificado en cuanto a políticas de persecución criminal y denunció que las diferentes fiscalías funcionaban como compartimentos estancos, sin entrecruzamiento de datos ni información alguna entre las diferentes dependencias.
