Por Alejandro Maidana
A través de la Resolución Nº 0997 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, el Gobierno de Frigerio habilitó desde el 10 de mayo al 23 de agosto la temporada de caza menor que permite la matanza de Pato Picazo (5 ejemplares), Pato Barcino (3), Sirirí Pampa (2), Sirirí Colorado (2), Pato Cutirí (2), Pato Maicero (2), Pato de Collar (2), Pato Capuchino (2), Inambú Común y Liebre (4).
Se autoriza la caza a cazadores locales en los departamentos La Paz, Gualeguaychú, Diamante y parte de Gualeguay, Victoria, Nogoyá y Villaguay; y en cotos de caza a extranjeros y personas de otras provincias. La polémica e indignante medida, que apenas anunciada ya cosechaba numerosas críticas, aumentó considerablemente con respecto a años anteriores la cantidad de especies que se pueden matar, así como la superficie donde se puede practicar la caza, favoreciendo claramente al negocio de los cotos de caza.
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Hace 40 años que la provincia de Entre Ríos ha sido atacada, avasallada y diezmada por los famosos cotos de caza. Cabe destacar que los mismos responden a las empresas de Turismo Aventura ¿Qué aventura no? Quizás se trate de la aventura de aniquilar nuestra fauna, sobre todo a las aves que es este caso puntual, y a los patos para aportar mayor precisión.
Solicitud de información
La institución defensora de las aves solicitó detalles al Gobierno de Rogelio Frigerio sobre la polémica medida dictada por este que autorizó en mayo pasado la matanza de 9 especies de aves autóctonas y ha generado numerosas críticas y repudios a nivel nacional.
En una carta dirigida al Director de Fiscalización y Recursos Naturales, Marcelo Sapetti, la ONG CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) solicitó oficialmente los estudios sobre patos e inambúes (perdices) así como también información sobre los controvertidos cotos de caza, los cazadores extranjeros que estos traen a Entre Ríos y las armas de fuego que utilizan para la matanza.
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“Entendemos que cuestiones como la autorización de la caza de animales autóctonos deben ser abordadas desde una perspectiva responsable y de participación ciudadana (como exige el art. 7 del Acuerdo de Escazú) y no desde la absoluta unilateralidad como lo han realizado tanto el actual como los anteriores gobiernos”, critica la carta que lleva la firma de Horacio Dri (Presidente), Gabriel Bonomi (Vocal) y de la Dra. Cecilia Domínguez, asesora legal de CEYDAS.
Aquí la carta:
Carta Pedido de Información by
