Conclusión Buenos Aires
En un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomó el tratamiento de la movilidad jubilatoria con la participación de funcionarios del Ejecutivo, que advirtieron sobre el impacto fiscal que tendría la ley en caso de aprobarse la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados y especialistas.
Respecto de las coincidencias que tiene el oficialismo con sus aliados del PRO, sostendrían la recomposición del 8,1%, buscarán unificar dictamen sacando algunos puntos como la garantía del piso del haber mínimo (referenciado en la Canasta Básica Total) y el artículo que refiere al pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales.
La UCR y las bancadas provinciales decidirán si acompañan o no al oficialismo en su propuesta en la Cámara alta, no obstante, ne el caso que La Libertad Avanza y lo dialoguistas consensuaran cambios, la modificación volverá a Diputados, donde Unión por la Patria mostró cierto recelo con la UCR porque dudan que respeten la versión original.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, recordó que en la última sesión se había pedido el tratamiento sobre tablas porque “la prioridad (de los jubilados) es urgente”, y estimó que el cronograma propuesto “es una forma de dilatar el tratamiento”, no sin antes considerar que la administración MIlei, tiene como prioridad al “mentiroso superávit fiscal”.
El formoseño desafió entonces a “si hace falta hacer la sesión el jueves y tratarlo sobre tablas”, porque “con esta dilación nos vamos a octubre”, en referencia a cuándo la clase pasiva podría acceder a la recomposición que se propone. “No sé si están esperando que se muera una cantidad importante de jubilados para llegar al déficit cero”, por eso “instamos a hacer sesión si es posible mañana mismo”.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, fue el primer funcionario que tomó la palabra y avisó que no entraría en la discusión sobre la necesidad de mejora de los haberes de los jubilados, sino sobre “el impacto que tiene sobre las cuentas públicas” ya que constituye “un objetivo importante del Gobierno para tener equilibrio fiscal» porque “no hay ninguna forma de financiamiento disponible más que la recaudación de impuestos”.
“El equilibrio fiscal se sustenta en una serie de medidas que tienen una mirada de cuidado sobre los sectores más vulnerables”, manifestó y mencionó el DNU 274/24 que modifica la fórmula de movilidad, y comparó que la media sanción de Diputados, era vista con “agrado” porque contempla el IPC en el cálculo, al igual que el DNU.
Respecto del adicional del 12,5%, Guberman explicó que fue esa monto de dinero por “dos motivos: primero, tenemos la convicción de que no podemos dejar que se sigan atrasando los haberes jubilatorios; y en segundo lugar, era el máximo esfuerzo que el Poder Ejecutivo estaba en condiciones de afrontar de manera sostenible” y sobre el incremento adicional del 8,1% que propone el proyecto, el secretario de Hacienda aseguró que “tiene un impacto bastante significativo” que este año estaría “en torno al 0,3% del PBI y el año que viene más del 0,4% del PBI”.
En relación a la garantía de haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total, indicó que “se está fijando un piso mucho más alto del haber mínimo del que está vigente en este momento” y se verificaría “un impacto para el resto del año de aproximadamente 0,27% del PBI, y el año que viene del 0,77% del PBI. Todo esto se va haciendo acumulativo a lo largo del tiempo”, apuntó.
Cuando abordó la letra del artículo 10, sobre el cumplimiento de la ANSeS con deudas a provincias por las cajas previsionales no transferidas y pagos de sentencias, Guberman sustentó que el cumplimiento haría que “el Estado no tenga superávit primario” y “tenga que salir a emitir deuda”.
“No venimos a discutir la equidad y justicia distributiva de las medidas, sino que venimos a hablar con números concretos y exponer cuál es el impacto fiscal de todo esto”, resumió y enfatizó que de aprobarse “todo” el proyecto tal cual está, “las cuentas públicas cerrarían en un déficit sustantivo” que sería “de un punto de gasto adicional del PBI este año y el año que viene de 1,2 más de gasto”.
Desde Unión por la Patria el senador Mariano Recalde criticó que el Gobierno tenga al “dios equilibrio fiscal por encima de todo” y “a costa de cualquier cosa”. “Dicen que buscan el equilibrio fiscal cuidando a los más vulnerables; la verdad que no está ocurriendo eso”, expresó y afirmó que “el superávit fiscal trucho que exhiben se ha financiado recortando gastos”. “Del ajuste que hizo Milei en el gasto público, el que va en la delantera con el 29% son las jubilaciones y pensiones”, añadió.
La idea es que el jueves 15 el proyecto llegue al recinto, previa discusión y dictamen, para ello convocaron para el martes próximo, donde continuará la reunión informativa con expositores invitados.
Por su parte, el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, subrayó que “el sistema previsional argentino viene de décadas de crisis” y los jubilados “vienen perdiendo capacidad adquisitiva y derechos” hace años. “El Gobierno nacional se encontró con una situación que no generó”, y acotó que “una situación de cierta injusticia respecto del sistema previsional contributivo” donde “la mayor parte de los jubilados que perciben la mínima son aquellos que se han jubilado comprando años de servicio a través de las diversas moratorias”.
“El Gobierno está dispuesto a cubrir la inflación de enero, creemos que no debería ser con efectos retroactivos a abril, sino agosto”, dijo sobre el proyecto.
En relación a los juicios previsionales, el funcionario detalló que “de 200.000 juicios, 100.000 hay con sentencia firme; una cuestión que no es ni graciosa ni algo que uno desearía», aunque aclaró que “la litigiosidad no es un proceso cuya curva sea descendente, sino que se viene retroalimentando y la tendencia es ascendente. Tiene que ver con parches por las distintas leyes de movilidad que se han manejado y generan la industria del juicio”, aseveró.
Y precisó que el costo fiscal de la cancelación de esas sentencias supera “los dos billones de pesos, o el 0,35% del PBI”. Para luego adelantar que a los beneficiarios con juicios que llevan más años se les va a pagar primero.