El pasado 27 de marzo pasado, el Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz, presidido por Adrián Suarez (hombre de confianza del gobernador Vidal) autorizó la temporada anual de caza deportiva desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto. La resolución establecía las especies permitidas y la cantidad de ejemplares máximos a capturar por el cazador autorizado: zorro colorado, 1 por semana; zorro gris, 1 por quincena; puma, 1 por semana; guanaco, 2 por día; visón, liebre europea, conejo europeo y jabalí, sin límite. Esto generó un amplio rechazo por parte de los ciudadanos y de organizaciones ambientalistas.
La disposición incluye los mismos animales que en el 2023, sin embargo, esta vez levantó una polvareda mucho más fuerte que la habitual. La sociedad local, gente de la ciencia, academia, ONGs y medios de comunicación multiplicaron las quejas contra la medida hasta darle envergadura nacional, y destaparon un trasfondo que va mucho más allá de una temporada de caza semejante a las que se autorizan en otros distritos del país.
Fuentes santacruceñas señalaron que la disposición incluye los mismos animales que en el 2023, y está vez generó reacciones desde varios sectores provincial desde los mismos pobladores, científicos, académicos, ongs y medios de comunicación quienes multiplicaron los reclamos y se transformó en una cuestión nacional. Se iniciaron campañas de recolección de firmas para instar al gobernador Vidal a revocar la resolución y poner fin a la caza deportiva.
Santa Cruz ha sido, desde finales del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, sinónimo de ovejas. La cría de ganado ovino —que llegó a superar los 20 millones de ejemplares a mediados de la pasada centuria— fue durante décadas la principal y casi única fuente de ingresos de la zona, aunque ya hace tiempo que no ocupa ese puesto de privilegio. Los recursos que generan la minería, la extracción de hidrocarburos o incluso la pesca y el turismo rinden más beneficios, pero el arraigo al medio rural y a la producción de lana y carne de oveja se mantiene, transmitido de generación en generación, y con él, también el viejo conflicto entre ganaderos y depredadores nativos como pumas y zorros, al que ahora se suma una creciente población de guanacos (Lama guanicoe) que compite con las ovejas por el escaso manto verde que cubre los suelos.
La polémica se centra en que es difícil medir hasta qué punto el permiso para cazar fauna nativa es una efectiva herramienta de control que les permita a los productores ovinos sostener un negocio ancestral que atraviesa una crisis no sólo por la depredación de las ovejas.
Asimismo, siete organizaciones de la sociedad civil firmaron un documento donde se expresa:“Las legislaciones actuales que promueven la caza de guanacos, pumas y zorros para resolver el conflicto con la producción ovina son anacrónicas e ignoran las nuevas formas de producir en armonía con la conservación de la naturaleza y han demostrado no ser una verdadera solución para un problema complejo”.