La CGT resolvió impugnar la restitución del Impuesto a las Ganancias mediante una oleada de juicios que impulsará por sindicatos o incluso de manera individual a través de trabajadores afectados por los alcances del gravamen.
Así lo definió la «mesa chica» de la central, con asistencia del equipo de abogados, que tendrá a su cargo el armado de las primeras demandas que comenzarán a presentarse la semana que viene.
Será un cambio de estrategia de la organización luego de haber centralizado una única acción judicial contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y de haber obtenido un amparo favorable que suspendió los efectos de esa norma.
La disputa jurídica de la CGT tendrá como único fin poner un freno a la vuelta del impuesto destinado a afectar a salarios por arriba de 1,8 millón de pesos en bruto para el caso de trabajadores solteros y de 2,2 millones de pesos para jefes de familia con hijos a cargo.
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Esa estrategia no incluirá el resto de la Ley Bases, que en cambio la central sindical resolvió negociar en su reglamentación con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Los dirigentes decidieron aceptar el convite del ex asesor del Grupo Techint para limar los aspectos «más lesivos» de la norma.
El plan de los sindicalistas contempla, como primera alternativa, acudir a la Justicia laboral. Se trata del fuero más afín a los intereses de los gremios y al que se buscará por entender que la vuelta de Ganancias implica un menoscabo para los sueldos de los trabajadores.
En la Cámara del Trabajo, la central obrera consiguió varios frenos al DNU, incluso con el voto del juez Alejandro Sudera, un catedrático insospechado de filiación peronista. La otra opción es el Fuero Contencioso Administrativo, el que interviene en las causas relacionadas con las controversias tributarias, aunque el resultado se avizora más incierto para los dirigentes.
Una vez promulgado el paquete fiscal con el retorno de Ganancias, se espera la presentación de las primeras demandas. Entre los gremios afectados advirtieron que, incluso si no fuese publicada la norma en el Boletín Oficial, se presentarán cautelares apenas cumplido el plazo para la promulgación automática. Algunas de las organizaciones que ya trabajan de manera individual -aunque con asistencia legal de la CGT- en las demandas son la Asociación Bancaria, los petroleros y otros gremios del sector energético.
Esta semana arrancaron las reuniones de sindicatos por actividad: los de la energía nucleados en la Catheda, los del transporte en la CATT, los del rubro fabril, de Csira, y los de la industria de la alimentación, de la Casia. Por lo pronto, se descartó que esos sellos o incluso la CGT pudieran presentar cautelares por la dificultad de acreditar una afectación directa en la reposición de Ganancias.
Mientras el DNU 70/23 incluía artículos que golpeaban las finanzas y la capacidad de acción de todos los gremios, el paquete fiscal tendrá efectos inmediatos sólo sobre una porción de asalariados con ingresos por encima de la media.
La estrategia de promover un aluvión de demandas se impuso a la unificación gracias a un aval mayoritario de abogados y ex funcionarios, incluso ex ministros de Trabajo peronistas, y pese a que en un principio los dirigentes apostaban a una acción acotada a la CGT. Uno de los promotores de esta alternativa es el ex diputado Héctor Recalde, que se pronunció a favor de «una andanada de juicios, incluso de trabajadores perjudicados».
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En paralelo, el Gobierno abrió, vía Cordero, un canal de negociación con la CGT por la reglamentación de Bases. El secretario le envió al equipo jurídico de la central una invitación para presentar lineamientos que eventualmente podrán atemperar los efectos de algunos de los ítems de la norma.
Uno de ellos, que preocupa a varios dirigentes, es el que penaliza a los representantes de una organización por los bloqueos a unidades productivas durante una medida de fuerza.
En la «mesa chica» de la central confirmaron que responderán al convite, aunque admitieron que la autoridad de Cordero para llevar adelante la negociación quedó devaluada luego de la salida del Gabinete de Nicolás Posse.
En la actualidad, la interlocución principal que la CGT le reconoce al Gobierno pasa por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y por el asesor Santiago Caputo. Mientras que para las cuestiones relacionadas con las obras sociales mantienen diálogo con el asesor sin cargo Mario Lugones, presidente de la fundación Sanatorio Güemes y padre de uno de los mejores amigos y socio de Caputo.
