Conclusión Buenos Aires
Organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad rechazaron la propuesta del Gobierno de eliminar del nomenclador el Sistema de Prestaciones Básicas. La medida permitiría que cada financiador establezca sus propios aranceles en lugar de acordarlos en el Directorio de Prestaciones Básicas para todos los financiadores del Sistema.
Esta semana, en el marco del funcionamiento de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, el legislador nacional Eduardo Valdés, señaló que sintió «dos climas, que pasaron en la reunión, el primer tiempo estuvo el anuncio de que el Ejecutivo daría de baja el borrador del decreto y que fue ratificado por dos diputados de la Libertad Avanza, y de pronto la diputada de la Sota mostró como avanzó el gobierno, aún después de la reunión que se mantuvo con el director de Andis.
En la misma linea, Valdés apuntó que después se enrareció el clima cuando apareció el tuit el jefe de gabinete de ministros, porque lejos de decir que da de baja el decreto, anunció que se hará una auditoria sobre las pensiones con invalidez».
#ConclusiónBuenosAires ????️@eduardofvaldes: «Cinco millones de argentinos y argentinas con discapacidad esperan que el Gobierno se comprometa a no desregular las prestaciones por decreto»
Vía @AldoBattisacco pic.twitter.com/1PLyUc4BQO
— Conclusión (@ConclusionRos) June 8, 2024
Para el congresista fue poco feliz el tuit del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando y se habían reunido con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo,» quien se comprometió a revisar el proyecto y le confirmó la intención de asistir a la comisión. Sin embargo, a pesar que Lilia Lemoine anunció a los diputados que integran la Comisión de Discapacidad que el gobierno no avanzaría en con el tema, el flamante funcionario tuiteo que el 80% de las pensiones por invalidez que resultaron de un muestreo, no estaban bien otorgadas».
“La autoridad hoy ha cambiado y este decreto o borrador que está causando mucho malestar en las familias de las personas con discapacidad, porque pretende desregular las prestaciones y una de las grandes cualidades que tiene el sistema único de prestaciones es que la persona con discapacidad más humilde recibe la misma calidad de prestación que aquella persona acaudala económicamente”, advirtió Valdés.
“El pedido al jefe de Gabinete es que no tome ninguna decisión sobre ese decreto sin hablar ates con las distintas organizaciones de las personas con discapacidad, le pedimos que reciba y se vincule con la comunidad de las personas con discapacidad”, planteó el diputado de Unión por la Patria.
Ese sábado, quienes trabajan por los derechos de las personas con discapacidad, elaboraron un documento conjunto en el que personas con discapacidad, familiares, representantes de organizaciones sociales que nuclean este colectivo, instituciones que brindan servicios asistenciales, expresaron su “rechazo a la propuesta de modificación del decreto 1193/1998 elaborada por el Gobierno Nacional que busca eliminar el nomenclador único del Sistema de Prestaciones Básicas para las personas con discapacidad”.
En el documento explicaron que actualmente las Prepagas, Obras Sociales y Sistema Público (Incluir Salud y PAMI) “están obligadas a cubrir el 100% de las prestaciones de habilitación y rehabilitación indicadas a las personas con discapacidad. Los aranceles de las mismas se encuentran regulados y expresados en un único valor con la finalidad de garantizar el derecho a la salud y a la educación a todas las personas con discapacidad, sin diferenciar el tipo de cobertura que posean”.
También pidieron que los convoquen para «poder participar de todos los proyectos tendientes a robustecer la integralidad y universalidad del sistema de prestaciones para personas con discapacidad” a la vez que solicitaron “al Poder Legislativo que se avance en la aprobación de un proyecto que incorpore al Nomenclador único en la Ley de Prestaciones Básicas 24.901”.
Tanto el exembajador en el Vaticano como los afectados directos por las intenciones del oficialismo, destacaron que en la actualidad las Prepagas, Obras Sociales y Sistema Público (Incluir Salud y PAMI) “están obligadas a cubrir el 100% de las prestaciones de habilitación y rehabilitación indicadas a las personas con discapacidad». Los aranceles de las mismas se encuentran regulados y expresados en un único valor con la finalidad de garantizar el derecho a la salud y a la educación a todas las personas con discapacidad, sin diferenciar el tipo de cobertura que posean.