Desde la Asociación del Personal de Seguridad «La Sur”, brindaron sus aportes en la mega causa judicial iniciada la Justicia Federal de San Isidro, sobre la empresa de seguridad privada Securitas, firma que de hecho admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.
Marcelo Greco, titular nacional de la agrupación Sur junto al referente en Santa Fe, Ariel Batrichevich y agrupaciones internas del gremio del sector Upsra señalaron que “la causa recién empieza y comprometería tanto a funcionarios y ministros de distintos gobiernos. Además, empresarios de la seguridad privada y Cámaras que dejaron a los trabajadores en la indigencia y condiciones de esclavitud laboral”, manifestaron.
En ese orden, el expediente judicial está a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del fiscal federal Fernando Domínguez, avanzaron con la detención de nueve sospechosos, todos exdirectivos de Securitas Argentina SA, en los 50 allanamientos realizados en distintos puntos del país
La investigación, según pudo saber comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”, indicaron.
“La ‘autodenuncia’ de la empresa refiere que los ‘pagos indebidos’ se hicieron entre 2014 y 2018, pero según la imputación hecha por la Justicia se investigan hechos ocurridos entre 2012 y 2018”, afirmaron fuentes judiciales.
En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia, y en la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de la investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los “pagos indebidos”.
En ese sentido, desde la Agrupación Sur informaron que “hemos realizado una ampliación de denuncia contra Securitas ya que no solo se habría desfalcado a todos los argentinos, al estado (ANSES, AFIP) sino a los vigiladores afectados a los cuales les faltan varios periodos de aportes jubilatorios”, indicaron.
Según el gremio, tanto Securitas, como otras empresas que tenían contratos con el Estado y alegando falsas crisis financieras, cobraron planes pagados por todos los ciudadanos argentinos (REPROS ATP,PPC Y art 223 bis). Se habría defraudado a todos los argentinos que pagan sus impuestos, y puntualmente a los trabajadores de dichas empresas que tienen faltantes de aportes previsionales”, alegaron.
“Todo esto se seguirá investigando hasta las últimas consecuencias y cortar con todo el entramado de desfalco y corrupción que mantienen algunas empresas de seguridad que deberán pagar por todo el mal que le causaron a sus trabajadores”, manifestó Marcelo Greco, titular de La Sur.
Las conclusiones que los representantes de la empresa presentaron ante la Justicia fueron la consecuencia de una investigación interna iniciada por Securitas AB tras una denuncia de una exempleada dentro del denominado “programa de integridad” de la firma.
Asimismo “la compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”, según explicaron fuentes judiciales.
Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco. Los detenidos fueron identificados por fuentes judiciales como Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare, Marcelo Tortul, Claudio Tortul, Alberto Alesci, Julio Terrado y Carlos Rinaudo, quienes ocuparon cargos gerenciales en Securitas Argentina SA.