Este miércoles el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz, dio el puntapié para abrir el debate de la reforma laboral, que se incluirá en la ley de Bases para ser debatida en el recinto según lo impulsó el oficialismo desde el inició del debate en la Cámara de Diputados en simultáneo al paquete fiscal.
La reunión pasó a un cuarto intermedio antes de las 11, ya que la sesión especial que convocó Unión por la Patria se aprestaba a debatir el incremento de las partidas presupuestarias a universidades, la recuperación de la vigencia del FONID y la nueva fórmula de movilidad que actualiza los haberes jubilatorios. Por tal motivo se acordó retomar el tratamiento el próximo viernes a las 10.
Tras completar la lista de integrantes de la Comisión se inició el debate en el que hicieron punta los diputados Alejandro Vilca y Hugo Yasky que reclamaron al presidente Tetaz qué se discutan todos los proyectos y no solo el del radicalismo. A este cuestionamiento, se sumó el de la titular de bancada del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, quien preguntó: “¿Cuál es la razón por la que se discute su proyecto y no el resto?”, expuso.
Tetaz, ni lerdo ni perezoso respondió: “Les pido que acerquen una orden de prioridades y serán escuchados”.
Por su lado, la diputada nacional Vanesa Siley de Unión por la Patria, cuestionó a Tetaz: “En la convocatoria no hay número de expediente”. y acotó: “Usted no es un recién llegado a la cámara para cometer estos errores”. “Ni la ciudadanía ni los invitados saben qué proyecto se trata y usted pone ‘reforma laboral’ y damos por supuesto como si fuera un programa de televisión”.
Para luego precisar que el reglamento establece que «hay que citar con 48 horas de antelación y anunciar qué proyectos de ley se van a abordar porque si no hay claridad no sabemos qué proyecto se está debatiendo” y acusó que “el desorden lo arma el propio Poder Ejecutivo porque manda reforma por túneles”.
Expositores
El primer expositor fue Gastón Utrera, director del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo 21, planteó: “Un sistema indemnizatorio en la Argentina genera dos contraposiciones porque el tiempo aumenta el monto y en sentido contrario se reduce la antigüedad por retiro de trabajadores”, y agregó que “la empresa acumula pasivos contingentes y es necesario eliminar las indemnizaciones agravadas”. Agregó, también, que “hay que retomar el planteo de reducir contribuciones patronales y proponer incentivos fiscales en el empleo informal”.
A su turno, Martín Juárez Ferrer acompañó lo propuesto por Utrera y añadió: “el régimen de indemnizaciones agravadas ha promovido la litigación. Creemos que debe suprimirse completamente”, al tiempo que señaló que “el empleo en negro debe ser combatido y no puede ser corregido con indemnizaciones entre privados”. “Queremos lograr el pleno empleo, perfectamente registrado”, manifestó. Consultado por la relación entre el trabajador no registrado y la renta no declarada, respondió que “está vinculado con el dinero en negro”.
Comisión de Legislación del Trabajo
Por su parte, Pablo Devoto de la Cámara Argentina de Comercio, indicó que “pasaron 50 años de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue un hito revolucionario”, y agregó: “Apoyamos las propuestas de modificación de legislación laboral sobre todo en el contrato de trabajo”, con relación a que el período de prueba pasa de tres a seis meses.
Transcurrida poco más de una hora la diputada de unión por la Patria Julia Strada reclamó que “van tres expositores y no tenemos un solo dato (numérico)”. En esa línea, remarcó: “Les pido que aporten información concreta”.
En tanto que, el empresario pyme Juan Méndez (logística) apuntó que “la extensión del período generaría mayor adaptación porque venimos de una generación que no conoce el trabajo por vivir del asistencialismo del Estado”, y criticó a la actividad sindical: “No es un derecho bloquear una empresa”.
El abogado y asesor jurídico de pymes, Jorge Samuelián, señaló que “debe ser sancionado el pecado del empleador que toma a trabajadores en negro”, y coincidió que “no debe haber mantenimiento de las indemnizaciones agravadas”. como también que “el trabajador y la empresa no deben ser enemigos, van juntos y se necesitan”, ya que “hace 12 años que no crece el trabajo privado y sin seguridad jurídica es imposible crecer”. Puesto, que “la seguridad jurídica es darle, a las dos partes, previsibilidad de costos”. Y consignó que “cuando un empleador toma personal en negro, está robando al Estado”.
Finalmente, Samuelián se opuso a la reforma del Fondo de Cese: “No lo veo factible porque el DNU lo toma como un tope y da números muy altos por la inflación”. “Querer cambiar un sistema por el otro, me haría chocar con la misma piedra y es imposible aplicarlo a los seis millones de trabajadores en blanco y los más de ocho millones en negro”, culminó.