Uber acordó pagar 271,8 millones de dólares australianos (unos 178 millones de dólares estadounidenses) a más de 8.000 operadores y titulares de licencias de taxis y coches de alquiler en Australia por pérdidas de ingresos cuando la multinacional entró en el país oceánico, según informaron fuentes legales, este lunes.
El acuerdo entre las partes, supone la quinta suma más alta para zanjar una demanda colectiva en la historia del país oceánico, se alcanzó durante el proceso judicial tras una denuncia que comenzó en 2019 en el Tribunal Supremo del estado de Victoria, cuya capital es Melbourne.
«El Tribunal tendrá que aprobar el acuerdo por ser favorable a los intereses de los miembros del grupo de conductores públicos y ahora se está trabajando en ese proceso», según anunció este lunes la firma de abogados Maurice Blackburn, que representa a los demandantes.
El director de Maurice Blackburn Lawyers, Michael Donelly, explicó que durante la batalla legal Uber «luchó con uñas y dientes», si bien el acuerdo dejaría «fuera de toda duda» la responsabilidad de la multinacional, según declaraciones transmitidas por la cadena pública australiana ABC.
El ex legislador y taxista Rod Barton, miembro de la demanda colectiva, aseguró que el acuerdo reivindicaba su creencia de que Uber había evitado conscientemente las normas de concesión de licencias de taxi del país.
«Sabían muy bien que debían tener sus conductores y vehículos con licencia completa», declaró Barton a la Australian Broadcasting Corp. Además que «eligieron no hacer eso e hicieron muchas cosas que les dieron una ventaja comercial frente a la industria del taxi, que les permitió afianzarse».
Cabe destacar que la ley se modificó en 2015, lo que permitió a Uber operar sin licencias de taxi, mientras que los gobiernos estatales establecieron sistemas de compensación para los taxistas y los propietarios de licencias.
