La Corte Suprema condenó este martes a la provincia de Buenos Aires a indemnizar con más de 400 millones de pesos más intereses a la viuda de la victima del intento de asalto a la sucursal Ramallo del Banco Nación. El episodio conocido como “Masacre de Ramallo” ocurrió en 1999, murieron un ladrón y dos rehenes. Sobrevivieron un asaltante y la otra rehén, Flora Lacave, esposa del gerente que quedó acribillado dentro del vehículo.
La Corte, integrada con una conjueza, dispuso “hacer lugar a la demanda seguida por Flora Beatriz Lacave”, viuda del gerente de la sucursal bancaria, Carlos Chaves, y sus cuatro hijos: Beatriz, Cecilia, Daniela y Carlos Gabriel. El resarcimiento que lleva las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y la conjueza Rocío Alcalá trepará a 407.082.000 pesos, más intereses a computar desde el año 2005.
La Masacre de Ramallo consistió en el intento de robo a la sucursal de esa ciudad bonaerense del Banco de la Nación el 17 de septiembre de 1999. Tres asaltantes tomaron rehenes durante más de 20 horas y tras una larga negociación, dos de ellos salieron de la entidad crediticia. Llevaban consigo tres rehenes, entre ellos el gerente de la sucursal bancaria (quien conducía el vehículo con un pan de trotyl atado a su cuello) con la intención de escapar.
Los policías bonaerenses apostados en las afueras del banco, sabiendo que había tres rehenes, dispararon más de 150 balas contra el vehículo.
Como consecuencia de ello, murieron un ladrón y dos rehenes; sobrevivieron un asaltante y la otra rehén, Flora Lacave, la esposa del gerente; el cuerpo de Carlos Cháves quedó acribillado dentro del vehículo.
Un asaltante que había quedado en el interior de la sucursal bancaria, Martín Saldaña, fue detenido, pero al día siguiente apareció ahorcado en su celda víctima de un supuesto y nunca explicado suicidio.
Siete policías que participaron en aquel operativo fueron condenados a penas de entre dos y 20 años de prisión, pero quedaba pendiente el juicio civil.
La Corte, que intervino inicialmente como competencia originaria en 2001 pero luego cabildeó sobre cuestiones de competencia, debió recurrir a una conjueza porque los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti postulaban un resarcimiento muy inferior, de 220 millones de pesos.