Allá por los años 2013/2014 escribí un artículo en el que comparaba los sueldos de quienes trabajan en el Poder Judicial del Chaco, con las regulaciones de honorarios que, luego, se practican en las resoluciones (léase sentencias).
Afirmaba, en esa oportunidad, que si los sueldos de los Funcionarios y Magistrados guardaban relación con los honorarios que regulaban a los abogados, estaban muy bien pagos.
Exhibía en respaldo de los dichos, la parte resolutoria de un decisorio que ilustraba la regulación del honorario.
Es una obviedad aclarar que reaccionaron de manera virulenta y fui merecedor de todo tipo de críticas.
Decir lo que decía, era un agravio imperdonable.
Demasiada osadía.
Pasaron los años. Transcurrió bastante tiempo.
Los haberes de magistrados y funcionarios fueron recomponiéndose.
Hubo amparos judiciales que terminaron en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por sentencias dictadas por un Superior Tribunal de Justicia ad hoc, que fijó haberes en consonancia con las remuneraciones de la justicia federal (causa: «Alonso de Martina» año 2020).
Luego de idas y vueltas, se conformó una mesa técnica y el entonces gobernador, presentó un decreto que determinaba la aplicación de un «ajuste por revisión», derivado del controvertido por el que los judiciales habían recurrido a ellos mismos (o sea, a la justicia), reclamando la equiparación de sus haberes a la «media nacional».
¿Qué significaba ese ajuste por revisión?
Era la implementación de un concepto remunerativo y no bonificable que tendría una aplicación trimestral. O sea, un reajuste trimestral hasta llegar progresivamente a la «media nacional».
¿En qué consiste la media nacional?
Es un promedio de los haberes que perciben los judiciales del Chaco en relación a las demás provincias y la justicia federal.
Mientras tanto y hasta arribar a esta solución -hoy vigente-, los abogados y más que nadie los justiciables, debieron de soportar feroces paros que comenzaban los días miércoles con un retiro de sus actividades para retomar las mismas el día lunes y así, subversivamente. Perdón, sucesivamente.
Lo cierto es que, diez años después de esa urticante nota, pareciera que sigue sucediendo, exactamente, lo mismo.
Nadie puede negar que los haberes tanto de empleados como de Magistrados y Funcionarios, han mejorado sensiblemente.
Remarco que la solución a la que refería fue muy destacada por la anterior presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien consideró que era el camino gradual, progresivo y constante hacia la equiparación a esa media nacional que era el objetivo final.
Y si bien, la actual gestión dejó sin efecto ese ajuste por revisión. En el mes de febrero abonó un 18% de aumento que se sumará a un ajuste trimestral.
Particularmente, estoy a favor de una justica lo mejor remunerada posible y es una prédica diaria. Ahora bien, es evidente que para Magistrados y Funcionarios los honorarios profesionales de sus colegas, son una cuestión insoluble.
Es un problema absolutamente irresoluto.
Y uso el sustantivo problema, por la trascedente razón de que los abogados vivimos de los honorarios que nos regulan o que acordamos con los clientes.
Pero si dependieran, exclusivamente, de las regulaciones que se practican con tanta saña, estaríamos muy complicados para sobrevivir.
Vamos al caso concreto. El STJCH acogió favorablemente un Recurso Extraordinario.
Para llegar a esa etapa hay que pasar por la Segunda Instancia (Cámara de Apelaciones) y, luego, plantear un recurso que a más de estar adecuadamente fundado, debe contener todos los requisitos de admisibilidad y, este recorrido inevitable, demora más de un año.
¿Recuerdan la pandemia de 2020/2021?
Nunca dejaron de percibir sus haberes, trabajando desde la comodidad (y seguridad) de sus hogares, o aislados del «resto».
¿No les parece que fueron privilegiados?
No recuerdo que hubieran fallecido tantos funcionarios o empleados judiciales, como sí ocurrió con abogados que debieron exponerse empujados por la necesidad.
Volvamos. Por el recurso extraordinario de inconstitucionalidad se determinó como honorarios $ 6.300 como patrocinante y $ 2.520 como apoderado. Casi, casi, llego al kilo de helado. Pero no.
Sin adentrarme en cuestiones, que se pueden mal interpretar, les cuento que mi cortador de césped cobra ese dinero por menos de dos horas de trabajo.
Que tampoco podría cargar diez litros de nafta súper con esos montos.
Los anglosajones le llaman externalidad negativa a la falta de conocimiento de la realidad y que se deriva en afectar perniciosamente a los demás. ¿Será eso?
Creería que la tecnología nos iguala democráticamente. Que todos tenemos la posibilidad de ingresar a los portales digitales y adquirimos plena comprensión no sólo de cómo evoluciona la economía sino del modo en que la transitan nuestros bolsillos.
Explicar esto es irritante, ya que lo sabe cualquiera persona que camina la calle. No hace falta ejercer una magistratura para estar informado.
Lo cierto es que si queremos dignificar tanto a la justicia como a quienes son profesionales del derecho. Debemos reformularnos todas estas cuestiones que pasan a tener un tinte inaudito.
Más cercano al ridículo que a la razonabilidad.
Pero no dejo de rescatar que a pesar de todo, hay actitudes que merecen ser puestas en consideración.
Si vemos que en 2013/2014 utilizaban este mismo criterio para las regulaciones que hoy, en 2024, se repiten. Advertiremos que guardan una coherencia encomiable.
Porque la coherencia -aunque signifique descalificar de modo humillante el esfuerzo por ser un buen profesional-, es lo último que se pierde.
Por Aldo Daniel Ávila
Abogado. Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
Fuente: diariochaco.com