El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó este miércoles junto con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, la marcha del plan acordado con el país, el cual le permitió al Gobierno acceder a US$4.700 millones para poder refinanciar los vencimientos de deuda que mantiene con el organismo hasta abril, un mecanismo de saqueo que condiciona a las presentes y futuras generaciones de argentinos, una toma usuraria e ilegal.
La comitiva encabezada por Gopinath en Buenos Aires está integrada por el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental Luis Cubeddu, el jefe de la misión argentina ante el directorio del Fondo Ashvin Ahuja y el representante permanente en el país, Ben Kelmanson.
La reunión técnica con funcionarios del equipo económico se produjo entre las 10 y las 14 aproximadamente, informaron fuentes oficiales.
Los técnicos del Ministerio de Economía pudieron mostrarle a Gopinath que el Gobierno obtuvo “superávit gemelos” en el primer mes pleno de gestión de Javier Milei, con una ganancia de US$797 millones en el intercambio comercial y un resultado fiscal positivo, luego del pago de intereses, de poco más de $ 518.000 millones.
Los funcionarios también mostraron que la inflación minorista pasó del 25% en diciembre, cuando aumentó 118% el precio del dólar oficial, a 20% en enero, y se proyecta un 15% para el mes en curso, al tiempo que los precios mayoristas, que habían subido 54% en diciembre, el mes pasado lo hicieron el 18%.
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A la par de esto, el Banco Central ha acumulado dólares por casi US$7.800 millones desde que asumió la presidencia Javier Milei.
Claro está, estos números reflejados por la gestión libertaria son principalmente resultado de una importante desregulación de la economía por parte del Gobierno, quitando el financiamiento del Estado a áreas claves del desarrollo, como la ciencia, la tecnología, la salud.
Habiendo sacado la pata de todos lados, lógicamente las cuentas le cierran a Javier Milei y compañía. Lo que no tuvieron en cuenta fueron las consecuencias de esas medidas, como la pérdida de puestos de trabajo y la reducción de salarios.