Por Manuel Parola
Una jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial n°8 concedió la suspensión del decretazo del presidente Javier Milei respecto de los artículos 164 al 168 que modifican la Ley 25.564 que afectaban el desarrollo del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) tras acceder al tratamiento de la medida cautelar presentada por los productores de yerba mate y remitió la causa a la Justicia Federal. Los yerbateros afirmaron que esa ley es el fiel de la balanza entre más de 15 mil trabajadores asociados y las industrias yerbateras.
La jueza Adriana Fiori remitió el expediente al Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas. Se trata de una acción de amparo presentada por un grupo de pequeños productores de yerba mate que buscaron habilitar la feria judicial para que se declare la inconstitucionalidad del DNU 70/23 con el objetivo de que no se modifiquen las estructuras normativas ni financieras del Inym.
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«El DNU nos quitaba la posibilidad de fijar precios, de crear registros, que es una cuestión fundamental para nosotros porque en el registro estamos todos los productores, los secaderos, las industrias. Es ahí donde pasan los datos de producción de cada uno de los productores, de cada uno de los secaderos, de las industrias, la exportaciones. Es una trazabilidad la producción y además de ahí surgen los datos para la obra social de los productores para el convenio de corresponsabilidad gremial, los datos para saber si tenemos que trabajar para mejorar la el equilibrio del sector o no», explicó a Conclusión Jonás Peterson, productor yerbatero e integrante del Inym.
La cuestión de precio es muy importante para los productores yerbateros debido a que se trata de un «precio mínimo de garantía. Ninguna empresa tenía prohibido pagar por encima de ese precio, pero sí serían sancionadas si pagan por debajo de ese precio». Peterson apuntó a este medio que la producción yerbera es una economía regional que vende el 90% de lo que produce al mercado interno y exporta el otro 10%, por lo que «tener esa garantía de precios es fundamental, porque de las industrias que nos compran hay dos que compran el 45% de la producción y las otras compran el resto. Nosotros trabajamos con yerba mate estacionada, es decir todas las industrias tienen un stock de un año de yerba en su poder». Peterson sostiene que «lo que hacía la fijación de precio es resguardar los intereses del pequeño y mediano productor«.
Otra de las cuestiones que el decreto busca eliminar es la posibilidad de que el Inym pueda fomentar el asociativismo y el cooperativismo: «El cooperativismo para el productor es la cuestión fundamental, porque es la única manera en que el productor puede pasar a la siguiente escala, puede dejar de ser solo productor y pasar a ser socio de una cooperativa y vender su producto».
Un punto importante que los productores buscan defender es la prohibición al Tesoro Nacional para poder intervenir en el dinero del instituto, cosa que el DNU 70/23 derogó. “El Inym se solventa de la tasa de fiscalización que es la estampilla que va adherida al paquete y representa menos del 1% del valor del paquete. Cuando la industria compra esas estampillas y traspasa ese valor al consumidor, están pagando un poquitito menos que el 1% para la tasa que es la que sostiene el funcionamiento del Inym, la promoción internacional, los programas para productores, el control de calidad, se asegura la calidad del producto para el consumidor… es un universo enorme de cosas que hace el Instituto hoy con ese menos del 1% del valor del paquetes que lo paga el consumidor. No lo pagan ni el gobierno ni lo pagan los productores. Ese dinero que recaudaba el Inym antes era protegido por este artículo que se intentó borrar«.
Estas medidas dejan a la intemperie de los avances de las grandes industrias yerbateras a más de 15 mil trabajadores de la yerba mate, casi 13 mil productores yerbateros, 45 cooperativas y 200 secaderos, sin contar a la industria molinera.
«Para nosotros el registro es la columna vertebral del Inym. De ahí surge toda la información para todos los programas, para todas las cosas que hacemos. Ahí está quiénes somos, cuánto producimos, a quién le vendemos, cuánto generamos, cuánto exportamos. Para tener una visión de futuro y saber a dónde quiere ir, a qué rumbo quiere ir la actividad yerbatera, es fundamental el registro», subrayó Peterson.
En la resolución donde el juzgado suspende la aplicación del DNU en la industria yerbatera, la jueza argumenta el cuidado de la salud de los trabajadores: “Sin desconocer que la persona demandada es el Estado Nacional, no puedo soslayar que la petición de los actores incluye un pedido de medida cautelar con fundamento en el derecho a la salud de un grupo vulnerable de la población”.
La magistrada Fiori afirmó en la resolución a la que Conclusión tuvo acceso que “es innegable que el pequeño productor yerbatero y sus familias, beneficiarios del mencionado convenio, son el segmento más vulnerable de toda la cadena de producción, y que en el contexto socioeconómico actual no puede desatenderse el pedido de que se garantice un derecho tan fundamental como el de la salud integral, con la urgencia que el caso impone. Ese es el sentido de la excepción prevista en el art. 2 inciso 2 de la ley 26.854 y la habilitación legal para resolver la medida cautelar sin sustanciaciones previas ni otras dilaciones, tal como lo prevé el art. 4º inciso 3) de la misma ley”.
«Hace más de 20 años atrás, cuando nosotros arrancamos la lucha yerbatera para que se cree el Inym fue porque el sector productivo está profundamente hundido en una crisis. El Inym es una herramienta para darle equilibrio y justicia al sector y sobre todo para proteger a los más vulnerables de la cadena», reflexionó Peterson, y sentenció: «Esta modificación de la Ley 25.564 cambia totalmente el sentido del instituto, dándole un giro con una mirada totalmente a favor del sector industrial, que es el sector con el mayor poder adquisitivo, de mayor poder económico y dejándolo más vulnerable al sector productivo y de los trabajadores».
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