El vocero presidencial Manuel Adorni ratificó este viernes que el Estado nacional no intervendrá para mejorar el nivel de ingresos de los trabajadores y reiteró que los aumentos salariales deben ser acordados en discusiones «libres» entre las partes. Asimismo, comunicó oficialmente la decisión de congelar «todos los planes sociales que tengan intermediarios» y no sean de adjudicación directa e invitó a los gobiernos provinciales a ejecutar el protocolo de orden público anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
«En términos de ingresos se ha hecho todo lo que está al alcance para que el impacto negativo sea el menor posible. Las discusiones salariales serán libres entre partes, habrá que esperar cómo se dan en cada uno de los casos», manifestó Adorni, en el marco de su habitual conferencia de prensa matutitna.
En esa línea, apuntó que el gobierno nacional igualmente buscará atender la situación de los más vulnerables y en particular de los más chicos, razón por la que decidieron incrementar en un 100% la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero dejó de lado cuaquier otro anuncio vinculado a las demás personas empobrecidas por la devaluación y la escalada de precios.
Sobre este ítem, resaltó que actualmente la inflación «corre en torno al 3.678% anual» y tiene una suba de 1% por día -tal lo planteó el ministro de Economía Luis Caputo en una entrevista brindada el jueves de esta semana-. Ese nivel de incrementos -dijo Adorni- depositan a la Argentina «inmersa en una hiperinflación» que están «tratando de evitar».
La incesante disparada de precios, que deterioran diariamente el poder adquisitivo de la población, incrementarán un malestar social que se traducirá tarde o temprano a movilizaciones en pedido de recomposición de ingresos. En ese marco, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció un protocolo contra piquetes, que el vocero presidencial destacó durante su conferencia.
«No debatimos, ni discutimos el cumplimiento de la ley. La ley se cumple, está, y apelamos a la buena voluntad de quienes manejan las fuerzas de seguridad de cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires para que lo apliquen. Tendrán apoyo total», resaltó.
«No vamos a permitir que se vulnere el derecho de los que queremos transitar libremente. Debemos vivir en un país normal, no permitiremos que el negocio de la política no nos deje hacerlo. No hay razón para que desde el orden público no se quiera cumplir con la ley», añadió.
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