El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, con el respaldo de los 71 legisladores presentes, y convirtió en permanente el esquema de beneficios que hasta ahora estaba contemplado en la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa busca garantizar la continuidad de las prestaciones, las pensiones y las coberturas, además de establecer previsibilidad en el financiamiento del sistema. El tratamiento estuvo atravesado por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición por la demora en la aprobación de la normativa, que retoma buena parte de los derechos contemplados en la ley que el Gobierno nacional había vetado en 2025.
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio y de emergencia. De esta manera, busca establecer un marco normativo permanente que garantice la continuidad de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad.
Entre sus principales disposiciones, contempla la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desarrollo de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Este beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Asimismo, la norma mantiene el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática y periódica de los aranceles, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, el proyecto establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud destinada al sector no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Por otra parte, incorpora un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Además, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores del sistema y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
La sesión estuvo marcada por fuertes diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores respecto de la demora en el tratamiento de la iniciativa y las políticas del Gobierno nacional en materia de discapacidad.
Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) de Santa Fe, destacó la aprobación unánime de la nueva Ley de Discapacidad en el Senado y consideró que «el resultado es fruto de la lucha colectiva de las organizaciones del sector».
En ese sentido, sostuvo que el consenso alcanzado es consecuencia de un trabajo sostenido que permitió instalar la problemática en la agenda pública y generar conciencia entre los legisladores y las legisladoras sobre la importancia de contar con una herramienta legal que garantice y proteja los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, Chapero remarcó que, tras la aprobación legislativa, el próximo paso será responsabilidad del Poder Ejecutivo. “Ahora le toca al Poder Ejecutivo financiarla, reglamentarla y cumplirla. Este es el próximo paso”, afirmó.
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de avanzar con un régimen permanente en lugar de prorrogar la emergencia por otro año. “La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo”, sostuvo.
Desde la oposición, la senadora peronista Alicia Kirchner consideró que la aprobación representa un avance, aunque advirtió que no resuelve todas las dificultades del sector. “Ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida”, expresó. Y agregó: “Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva”.
En la misma línea, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci cuestionó las políticas del presidente Javier Milei y sostuvo que la aprobación de la norma fue consecuencia de la movilización de las organizaciones y los colectivos de discapacidad. También advirtió que, sin modificaciones presupuestarias, los derechos contemplados en la ley podrían no contar con los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento.
Por su parte, la senadora de La Libertad Avanza Nadia Márquez defendió la iniciativa y destacó que establece reglas claras para el funcionamiento del sistema.
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En tanto, Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, planteó la necesidad de optimizar los recursos y acompañar a las provincias para garantizar la continuidad de los servicios destinados a las personas con discapacidad y sus familias.
Desde el PRO, Martín Goerling Lara sostuvo que la dignidad de las personas con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden depender de una emergencia con fecha de vencimiento. Mientras que el radical Maximiliano Abad reclamó avanzar hacia políticas públicas sostenidas y recordó las dificultades que atravesaron los prestadores por los aranceles congelados, las demoras en los pagos y la incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos.
En tanto, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, definió la iniciativa como un acuerdo social y político. Reconoció las dificultades generadas por las auditorías y las sucesivas prórrogas de la emergencia, y destacó que el nuevo régimen establece mecanismos de financiamiento, transparencia y previsibilidad.
Con la aprobación unánime en el Senado, la nueva normativa establece un marco permanente para el sistema de discapacidad, en un contexto de reclamos de las organizaciones, las familias y los prestadores por la continuidad de las coberturas, la actualización de los aranceles y el cumplimiento de los derechos del sector.

