La Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió con funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación y presentó una propuesta de reforma tributaria para mejorar la competitividad del sector manufacturero. El proyecto, denominado Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial, contempla una reducción progresiva de impuestos nacionales, provinciales y municipales durante un período de seis años. La iniciativa busca disminuir los costos de producción, incentivar las inversiones y proteger el empleo formal, en un contexto marcado por la caída de la actividad y las dificultades que enfrentan distintos sectores industriales.
El planteo fue presentado al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante un encuentro en el que los representantes de la entidad fabril detallaron las modificaciones tributarias que consideran necesarias para mejorar las condiciones de producción.
El programa contempla cambios en contribuciones patronales, Impuesto a las Ganancias, Créditos y Débitos Bancarios, Ingresos Brutos y tasas municipales. También incorpora incentivos a la inversión y mecanismos para facilitar la compensación de saldos fiscales.
Entre los principales puntos de la propuesta se destacan:
Reducción de Ganancias: bajar la alícuota para sociedades del 35% al 25%, con el objetivo de acercar la carga tributaria argentina a los niveles internacionales.Contribuciones patronales: permitir que el 95% de las cargas patronales pueda computarse como crédito fiscal del IVA, para reducir los costos de contratación formal.Impuesto al cheque: ampliar progresivamente su utilización como pago a cuenta del IVA y Ganancias, hasta avanzar hacia su eliminación.Ingresos Brutos: establecer una reducción gradual del tributo provincial para la actividad industrial, con el objetivo de alcanzar su exención.Tasas municipales: vincular los montos cobrados a las empresas con los servicios efectivamente prestados y sus costos.Incentivos a la inversión: incorporar mecanismos de amortización acelerada de bienes de capital, una Cuenta Única Tributaria y herramientas que otorguen mayor estabilidad fiscal.
Además, la entidad también plantea implementar mecanismos que permitan aprovechar los saldos a favor generados por las compensaciones impositivas, evitando que esos recursos queden inmovilizados y afecten el capital de trabajo de las empresas.
En este marco, los industriales propusieron un esquema de aplicación gradual, con una duración de seis años y que comenzaría por las pymes. En una primera etapa, los beneficios estarían dirigidos a las pequeñas y medianas empresas de sectores particularmente afectados por la competencia internacional, con alta intensidad de empleo o que atraviesen un deterioro significativo de su actividad. Posteriormente, se extenderían al resto de las empresas industriales.
Según las estimaciones de la entidad, durante los primeros dos años el costo fiscal rondaría el 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). La cifra responde a que, en la etapa inicial, las reducciones impositivas alcanzarían a un universo más acotado de empresas.
Desde la central fabril sostienen que la disminución de la presión tributaria permitiría mejorar la competitividad, estimular nuevas inversiones y favorecer la generación de puestos de trabajo registrados. La iniciativa requiere acuerdos entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios, especialmente por los cambios propuestos sobre Ingresos Brutos y las tasas locales.
Antes de reunirse con Guberman, los representantes industriales habían presentado el programa al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. Las conversaciones continuarán durante las próximas semanas con funcionarios de distintas áreas del Palacio de Hacienda. Por el momento, no hay una fecha confirmada para un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo.
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La UIA busca instalar el debate sobre una reforma tributaria de alcance federal que permita modificar de manera estructural los impuestos que afectan a la producción, más allá de las medidas de alivio de corto plazo.
La presentación de la propuesta industrial se produjo después de los anuncios realizados por Caputo durante la conferencia industrial de la UIA, donde el ministro comunicó una serie de medidas destinadas a aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas.
Entre ellas se encuentra la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027 y la ampliación de los planes de pago para regularizar deudas tributarias vencidas hasta el 31 de octubre, con alternativas de financiación de hasta 18 cuotas.
También se anunció la posibilidad de computar saldos a favor, aunque su implementación operativa todavía se encontraba en preparación.
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A diferencia de estas medidas, orientadas principalmente a facilitar la regularización de obligaciones pendientes, la iniciativa de la UIA apunta a una transformación de mayor alcance en reducir la carga impositiva que soporta la industria y establecer un esquema tributario más previsible para los próximos años.
El planteo llega en un escenario complejo para el sector manufacturero, marcado por la caída de la actividad y del empleo industrial, con rubros como el textil y el metalmecánico entre los más afectados. En ese contexto, la entidad industrial busca avanzar en una negociación con el Gobierno para mejorar las condiciones de competitividad de la producción nacional.

