En medio de la conmoción que provocaron los recientes casos de alumnos que utilizaron inteligencia artificial para generar imágenes sexuales falsas de compañeras en colegios de Lomas de Zamora e Ituzaingó, la provincia de Buenos Aires avanzó con una regulación que limitará el uso de celulares y otros dispositivos con pantalla en todas las escuelas secundarias bonaerenses.
El Senado provincial convirtió en ley una iniciativa que alcanza tanto a establecimientos públicos como privados y establece como principio general que los teléfonos deberán permanecer sin utilizar durante la jornada educativa. La excepción serán aquellas situaciones en las que exista un objetivo pedagógico y un docente autorice expresamente su uso.
La medida alcanzará a alrededor de 1,4 millones de estudiantes de unas 4.040 escuelas secundarias de la Provincia. Sin embargo, todavía no comenzará a aplicarse automáticamente. El texto debe completar su publicación oficial y posteriormente ser reglamentado por el Poder Ejecutivo bonaerense, que deberá establecer cómo funcionará concretamente dentro de los colegios.
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La aprobación ocurrió prácticamente al mismo tiempo que los escándalos conocidos en dos establecimientos del Conurbano, aunque el proyecto legislativo ya venía siendo tratado desde antes. Es decir, los episodios con inteligencia artificial volvieron a poner el debate sobre la mesa, pero no fueron el origen de la iniciativa.
Cuándo se podrán usar los celulares en las escuelas
La norma incorpora el concepto de “uso responsable” de las pantallas. En términos prácticos significa que los estudiantes no podrán utilizar libremente sus dispositivos durante las actividades escolares y que estos deberán permanecer guardados, salvo que formen parte de una propuesta educativa.
Por ejemplo, un profesor podrá habilitar los teléfonos si necesita que los alumnos realicen una búsqueda, utilicen una aplicación determinada o desarrollen una actividad incluida dentro de la planificación. Lo que se intenta evitar es que el celular interfiera permanentemente con el desarrollo de las clases.
Hasta ahora, muchas secundarias ya establecían sus propias reglas mediante acuerdos internos de convivencia. La diferencia es que, una vez reglamentada, la ley fijará un marco provincial común que no dependerá exclusivamente de la decisión de cada institución.
El proyecto fue impulsado por el diputado Martín Rozas, de Unión y Libertad, y extiende al nivel secundario el criterio que ya había sido aprobado para las primarias mediante la Ley 15.534. Esa normativa establece que los alumnos de nivel primario solo pueden utilizar dispositivos digitales con requerimiento o autorización docente.
Paradójicamente, esa ley anterior todavía presenta una dificultad que también podría aparecer ahora. Aunque fue sancionada en septiembre de 2025, su aplicación efectiva continúa pendiente de reglamentación por parte del Ejecutivo provincial.
Una discusión atravesada por los casos de Lomas e Ituzaingó
La sanción se produjo en una semana marcada por las denuncias surgidas en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora, donde familias acusaron a estudiantes de utilizar inteligencia artificial para modificar fotografías de compañeras menores de edad y generar falsos desnudos. Según las denuncias, parte de ese material habría circulado entre alumnos e incluso en sitios de contenido para adultos.
Poco después se conoció otro episodio en el colegio Thomas Alva Edison de Ituzaingó, con una mecánica similar. Allí también se denunció a estudiantes por alterar digitalmente imágenes de compañeras, un caso que derivó en presentaciones ante la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil.
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Los dos episodios intensificaron una discusión que va bastante más allá de las distracciones durante una clase. En el debate legislativo también aparecieron preocupaciones por la violencia digital, el grooming, las apuestas online y el acceso cada vez más temprano de chicos y adolescentes a los teléfonos inteligentes.
Según los datos citados durante el tratamiento de la iniciativa, casi seis de cada diez chicos argentinos ya cuentan con un celular propio a los ocho años. La discusión pasa entonces por encontrar un equilibrio entre una tecnología que también puede funcionar como herramienta educativa y los riesgos derivados de su utilización permanente.