La oposición en la Cámara de Diputados confirmó este miércoles que solicitará una sesión especial con el objetivo de avanzar en la derogación definitiva del mega DNU 70/23. La decisión surge como respuesta directa al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que repuso el artículo 154 del decreto, el cual deroga la Ley de Tierras Rurales.
El anuncio fue realizado por Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, al inicio de un plenario de comisiones destinado a debatir el proyecto de «Ley de Defensa de la Soberanía Nacional».
El clima de la reunión estuvo signado por el malestar ante la resolución judicial que consideró que el CECIM La Plata, organización de excombatientes de Malvinas, carecía de legitimación procesal para impugnar la derogación de la Ley 26.737.
Martínez, quien se había reunido previamente con representantes del CECIM, expresó que el debate se da en un “contexto de muchísima preocupación por el escandaloso fallo de la Corte Suprema de quitarle legitimidad al CECIM La Plata”.
Mientras la oposición busca el rechazo total del DNU 70/23 —norma que ya fue rechazada por el Senado en marzo de 2024 pero que no ha sido votada en Diputados—, el oficialismo evalúa una estrategia alternativa.
Según se informó, el Gobierno podría intentar reinstaurar un capítulo con restricciones mínimas para la compra de tierras por extranjeros dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, buscando así blindar la vigencia del DNU.
Durante el plenario, el legislador santafesino cuestionó la modalidad del debate y la ausencia de autoridades del gabinete, señalando que “hubiera sido importante que estuvieran los ministros abriendo el debate”. Finalmente, ratificó la intención de los bloques opositores de convocar a la sesión especial para rechazar formalmente el decreto emitido al inicio de la gestión de Javier Milei.
El debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en el plenario conjunto de las comisiones de Defensa, Legislación Penal, y Relaciones Exteriores y Culto, no prosperó. El oficialismo aspira a emitir dictamen el próximo martes 6 de octubre para llevar la iniciativa al recinto el día 7 del mismo mes.
El núcleo de la propuesta busca endurecer drásticamente las sanciones contra quienes exploten, o cooperen en la explotación, de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios circundantes. El proyecto reemplaza la actual Ley 26.659, ampliando la prohibición a cualquier recurso renovable o no renovable, y estableciendo penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitación para operar en el país y la creación de un registro público de infractores que prohibiría la contratación con el Estado y particulares.
Un punto central de la iniciativa es la creación del Consejo de Seguridad Nacional. Este organismo, encabezado por el Presidente y compuesto por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica, coordinará las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia.
El Consejo contará con facultades extraordinarias para actuar ante amenazas graves e inminentes, pudiendo restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear activos, suspender contrataciones, restringir el comercio exterior y elevar derechos aduaneros. Incluso, se autoriza como último recurso el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles.
En materia política y electoral, el proyecto prohíbe los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas. Asimismo, tipifica como delitos la revelación de secretos a servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas y cualquier acción financiada desde el exterior destinada a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante desinformación masiva.
Finalmente, la ley redefine las funciones de la Defensa Nacional, autorizando su intervención en la seguridad interior ante amenazas externas. También incorpora el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), permitiendo la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas con los inscriptos en dicho registro.
