El Senado convirtió en ley el proyecto de Zonas Frías, que restringe el subsidio de gas a las provincias del sur, Malargüe y la Puna y deja sin ese beneficio a más de tres millones de personas. El Gobierno logró la sanción del proyecto luego del acuerdo celebrado con las provincias del norte para otorgar un subsidio a la electricidad en los meses de verano.
El proyecto fija que el subsidio se mantendrá únicamente para usuarios de la Patagonia, Malargüe, la Puna. También tendrán el subsidio los hogares del ReNaBap, los veteranos de Malvinas, o los hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad.
En cambio, perderán el subsidio aquellas ciudades que tenían este beneficio desde el 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.
La iniciativa fue sancionada por 38 votos que fueron aportados por 21 legisladores de la Libertad Avanza, 4 radicales, 3 del PRO, 3 de Convicción Federal, 1 de Primero los Salteños, 1 de Despierta Chubut, 1 de Provincias Unidas, 1 de Independencia, 2 de Movimiento por Misiones, 1 de La Neuquinidad y 1 de Independencia.
En tanto, el proyecto fue rechazado por 6 senadores de la Unión Cívica Radical, y 2 de Moveré Santa Cruz.
Con la sanción de esta ley, el Gobierno podrá reducir el déficit energético de unos 400 millones de pesos y ordenar las deudas que mantiene con la empresa distribuidora de energía mayorista Camessa.
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La iniciativa aprobada afectará a más de 3 millones de usuarios, ya que se elimina el subsidio para 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis y solo se mantiene en la Patagonia, la Puna y Malargüe. Otra clave es que el descuento se hace sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que es otro punto que rechazan varios legisladores opositores.
Las personas que pierden el subsidio por zona fría podrán gestionar una rebaja de las tarifas si acreditan que cobran hasta 3 canastas básicas para hogar tipo 2, que hoy se ubican en valores de 4,8 millones de pesos. Se prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.
También propone un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con Cammesa, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad.