Las tres empresas de servicios petroleros más grandes del mundo, todas con grandes inversiones en yacimientos de Vaca Muerta, anunciaron este sábado que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas.
Se trata de SLB, Baker Hughes y Halliburton, que difundieron su decisión luego de que el Gobierno impulse sanciones a compañías que operen en alrededores del archipiélago.
En un comunicado oficial, SLB fue la primera en fijar de manera preventiva su posición respecto a las Malvinas. La firma, antes conocida como Schlumberger, aclaró que no tiene planes de operar en el archipiélago, adelantándose a posibles incompatibilidades regulatorias tras la publicación del Decreto 868/26 de la administración nacional.
Más tarde, se conoció que la estadounidense Baker Hughes también informó que «no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes».
La última fue Halliburton, que remarcó que «respeta la soberanía argentina y reafirma su compromiso con su pueblo, y el desarrollo responsable del sector energético del país».
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De este modo, las empresas descartaron de forma categórica cualquier interés en el proyecto Sea Lion, un desarrollo hidrocarburífero offshore liderado por las operadoras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte.
Lejos de tratarse de una reacción imprevista, estas declaraciones buscan consolidar la seguridad jurídica de sus contratos multimillonarios en Vaca Muerta, donde las tres firmas mantienen una alianza de largo plazo con los principales productores del país.
LOS ANUNCIOS DE LAS EMPRESAS
«SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes», precisó textualmente la filial Schlumberger Argentina S.A..
A través de esta aclaración, la compañía -que cotiza en la Bolsa de Nueva York y opera en más de un centenar de países- reafirmó «su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes».
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En un texto similar, Halliburton Argentina S.A rechazó cualquier tipo de participación en las iniciativas de Malvinas. «Halliburton Argentina S.A. no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas», indicó la empresa en un comunicado.
Por su parte, Baker Hughes Argentina S.R.L. también hizo circular un comunicado en el que confirmó que «no participa ni participará en licitaciones de proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en sus espacios marítimos e insulares circundantes, en estricto cumplimiento del Decreto 868/2026 del Poder Ejecutivo Nacional».
EL PESO DE VACA MUERTA
Estas decisiones responden de forma directa a la asimetría de escala entre los proyectos en discusión. Mientras que el yacimiento Sea Lion equivale a apenas el 1% del potencial de Vaca Muerta según estimaciones del sector, la formación no convencional en la Patagonia representa un negocio central y en plena expansión para las tecnológicas globales.
En el caso de SLB, brinda soporte operativo clave a jugadores de la talla de YPF, Vista Energy, Tecpetrol y Pluspetrol. Recientemente, el director general de la firma en la Argentina, Patricio Whitney, expuso en Houston sobre las proyecciones de incremento de perforaciones impulsadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
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El endurecimiento de los controles oficiales, formalizado tras una cadena nacional del presidente Javier Milei, establece penas severas y restricciones comerciales para aquellas empresas que operen en el Atlántico Sur sin la correspondiente autorización de la República Argentina.
Entre las modificaciones de la norma, se incorporó la obligación de presentar una declaración jurada para acceder a los beneficios fiscales del RIGI o para disputar nuevas concesiones petroleras en el territorio nacional. En ese documento deben acreditar no tener vínculos comerciales con la explotación en Malvinas.