El canciller argentino Pablo Quirno sostuvo que el Gobierno nacional informó a 180 empresas que tienen vínculos con actividades hidrocarburíferas en el territorio de las Islas Malvinas sobre la necesidad de elegir entre avanzar con sus tareas o ser sancionadas por Argentina.
En Puerto Iguazú, Misiones, y ante empresarios, durante su exposición en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Relaciones Exteriores argumentó que la disposición es parte de la estrategia que pretende sancionar a firmas que desempeñan operaciones en las islas, así como también a sus proveedores.
«La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operan en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina», afirmó el canciller, enmarcando su declaración en el discurso del presidente Javier Milei del jueves por la noche.
Te puede interesar:
Milei anunció que endurecerá sanciones a empresas que exploten recursos naturales en Malvinas
Además, el ministro sumó que los cambios se dieron ya que «cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir».
En consecuencia, Quirno explicó que «hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios», por lo que fue tajante al reafirmar que: «Van a tener que elegir, lo mismo que nuestros países y nuestros vecinos».
También, el funcionario explicó que con el decreto reglamentario se busca no solamente ampliar el alcance de las empresas relacionadas con la actividad petrolera, sino también acelerar el proceso de sanciones.
En tal sentido, dijo: «Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operan en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”. En este punto, sumó que «todo un universo de 180 compañías» es el previsto.
«Las mismas ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado», reforzó Quirno.
En este camino, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto con el propósito de lograr la modificación de la Ley 26.659 para poder llegar a más amplitud de sanciones y obtener la posibilidad de instaurar formas a fin de que las empresas consigan no trabajar más en Malvinas, pero sin perder la posibilidad de hacerlo en Argentina. Al respecto, explicó que «hoy, cuando las sancionamos, quedaste encerrada, ya no tenés manera de volver al sistema normal».
Te puede interesar:
Tras el discurso de Milei sobre Malvinas, las petroleras minimizaron el impacto de las sanciones
Además, agregó que «hemos incluido en el decreto reglamentario que salió hoy justamente una declaración jurada de los aspirantes a los beneficios del RIGI, que tengan que decir ellos que no están en violación de la Ley 26.659» y anexó que tal condición también estará sujeta a lo que establezca la normativa modificada por el Congreso.
Para concluir, el canciller manifestó que «esta valorización de los activos estratégicos que nos hace parar de manera diferente ante el mundo es clave en lo que estamos haciendo, porque nos permite poder cubrir nuestros intereses ante el Reino Unido y las protestas y las acciones que estábamos tomando».