La Asamblea Legislativa de Santa Fe resolvió este jueves la destitución del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez Ibarros, por la causal de mal desempeño de sus funciones. Además, dispuso su inhabilitación para acceder nuevamente a cargos dentro del MPA durante 10 años, luego de analizar un proceso disciplinario que se extendió durante más de un año.
El proceso había comenzado a partir de una denuncia vinculada con el supuesto robo de dos cubiertas de un automóvil. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación surgieron otros hechos que fueron incorporados al expediente y que terminaron comprometiendo la permanencia del funcionario en el cargo.
En relación con la denuncia inicial, se investigó una presentación realizada ante una compañía de seguros por la presunta sustracción de las ruedas. De acuerdo con los elementos reunidos durante el proceso, se determinó que las cubiertas no habían sido robadas, lo que generó cuestionamientos sobre la veracidad del hecho denunciado y la conducta del entonces fiscal.
A partir de allí, el expediente incorporó otras acusaciones vinculadas con el desempeño profesional y laboral de Rodríguez Ibarros. Entre ellas, se analizó el presunto ingreso irregular al sistema informático del MPA mediante las credenciales de otro fiscal. Según lo establecido durante el procedimiento, desde ese acceso se habría realizado una presentación relacionada con una causa en la que Rodríguez Ibarros tenía un interés particular. La presentación habría incluido, además, un pedido de pena y una compensación económica.
Por otra parte, el expediente disciplinario incorporó presentaciones realizadas por trabajadores de la Fiscalía de San Jorge, quienes denunciaron presuntas situaciones de maltrato y hostigamiento laboral. En ese marco, también fueron analizadas acusaciones por amenazas hacia personas que se encontraban bajo sus órdenes y episodios de violencia de género dentro de la Unidad Fiscal de San Jorge.
De este modo, el proceso terminó reuniendo cuestionamientos de distinta naturaleza, desde la presunta estafa a una compañía de seguros y el uso indebido de herramientas institucionales hasta conductas vinculadas con el trato hacia el personal de la fiscalía.
Con todos estos antecedentes, la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa evaluó la conducta atribuida al fiscal y concluyó que los hechos excedían el ámbito de cuestiones personales y comprometían el adecuado funcionamiento institucional del MPA.
En consecuencia, la comisión aconsejó por unanimidad la remoción de Rodríguez Ibarros y su inhabilitación durante una década para volver a desempeñarse dentro del Ministerio Público de la Acusación.
El dictamen fue informado durante la sesión conjunta por el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, quien preside la Comisión de Acuerdos. Asimismo, durante el proceso había actuado como miembro acusador el diputado Marcos Corach.
Finalmente, la Asamblea Legislativa aprobó la destitución sin votos en contra, aunque se registraron abstenciones de los diputados Palo Oliver, Claudia Balagué, Carlos Del Frade y Lionela Cattalini.
La resolución también puso fin a la suspensión preventiva que pesaba sobre Rodríguez Ibarros desde hacía poco más de un año. Con la decisión adoptada este jueves, quedó definitivamente apartado de su función como fiscal del MPA.
La destitución y la inhabilitación por 10 años constituyen el cierre de un proceso disciplinario en el que se evaluaron presuntas irregularidades vinculadas con su actuación profesional, el uso de sistemas institucionales y su conducta en el ámbito laboral.