El Municipio de San Isidro le solicitó a la Justicia Federal que cite a indagatoria al ex intendente Gustavo Posse en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución de un plan de 250 viviendas sociales en el barrio Martín y Omar.
El planteo fue presentado por los abogados que representan a la comuna, que actualmente interviene como querellante en el expediente por una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. Sin embargo, esa resolución fue apelada y será la Corte Suprema de Justicia la que deberá definir si el municipio puede mantener ese rol durante el proceso.
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La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, y analiza la ejecución del Proyecto N° 48 «San Isidro I – Barrio Martín y Omar», iniciado en 2006 con fondos transferidos por el Estado nacional y cuya recepción definitiva se concretó una década después.
Qué investiga la Justicia en la causa por las viviendas
La investigación comenzó en agosto de 2014 a partir de una denuncia presentada por la entonces concejal Marcela Durrieu. En 2017, el fiscal federal Jorge Di Lello había solicitado la indagatoria de Posse y otros involucrados, aunque el juzgado consideró que antes era necesario completar una serie de pericias técnicas y contables.
Esos estudios fueron incorporados al expediente en 2022 y posteriormente ratificados y ampliados por sus autores en 2025. Sobre esa base, el Municipio considera que existen elementos suficientes para avanzar con nuevas declaraciones indagatorias.
Según el escrito presentado por la comuna, de acuerdo a lo publicado por Infobae,, durante la gestión de Posse se aprobaron 101 certificados de obra y se recibieron $36.088.935,48 provenientes del Estado nacional para ejecutar el programa habitacional.
Uno de los datos centrales de la investigación surge de una inspección realizada en 2016, en la que se constató la existencia de 44 viviendas. Luego, una pericia de ingeniería civil concluyó que solo 41 unidades podían computarse técnicamente, lo que representa el 16,4% de las 250 previstas originalmente.
La investigación también reconstruye cómo evolucionó el costo del emprendimiento. De acuerdo con la pericia contable incorporada al expediente, el contrato original para la construcción de las viviendas ascendía a $17.319.984,16, pero, tras doce redeterminaciones de precios, el monto reconocido por certificados de obra llegó a $37.682.053,54. Durante la ejecución del proyecto participaron sucesivamente las empresas EMACO S.A., Construcciones Ecológicas S.A. (CESA) e INELCO S.A.
Entre las observaciones realizadas por los peritos figura que, desde el segundo certificado de obra, se informó un avance del 95% en el ítem «Limpieza de Suelo Vegetal», una situación que fue señalada en el expediente como una posible «desnaturalización de los certificados de obra». Ese y otros elementos técnicos forman parte de la prueba que actualmente analiza el juzgado federal.
Qué pidió el Municipio de San Isidro
La presentación judicial sostiene que Posse no solo firmó documentación administrativa, sino que también habría intervenido en decisiones vinculadas con la ejecución del proyecto, la certificación de las obras y la administración de los fondos públicos.
Además del exintendente, la comuna pidió la indagatoria de otros exfuncionarios municipales, una supervisora del Instituto de la Vivienda bonaerense y representantes de las empresas que participaron en las distintas etapas de la construcción. En julio ya habían sido indagados el exsubsecretario de Obras Públicas Fernando Adrián Romero, el inspector Germán Víctor Ballester y el exsecretario de Obras Públicas Bernardo Landívar.
Mientras tanto, continúa abierta otra discusión vinculada al expediente. La incorporación del Municipio de San Isidro como querellante fue dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal, pero esa decisión fue apelada por las defensas y será revisada por la Corte Suprema de Justicia. Esa definición no modifica la investigación en curso, aunque sí determinará si la comuna puede continuar interviniendo con ese rol dentro de la causa.
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Los abogados de la comuna sostuvieron que las pruebas reunidas permiten advertir posibles indicios de defraudación contra la administración pública y malversación de caudales públicos. Sin embargo, el pedido de indagatoria no implica un procesamiento ni una declaración de culpabilidad, sino una medida procesal que permite al juez escuchar la versión de los imputados antes de resolver su situación.
Ahora será el juez Sebastián Ramos quien deberá evaluar la solicitud y determinar si existen elementos suficientes para citar a declarar a Gustavo Posse y al resto de las personas alcanzadas por el planteo judicial.