El oficialismo en la Cámara de Diputados dio este miércoles el puntapié inicial al debate del proyecto de ley de Inocencia Fiscal II, con la exposición de funcionarios del Ejecutivo que explicaron los lineamientos centrales de la nueva iniciativa. El Gobierno busca incentivar a los contribuyentes a adherir a este régimen, en un contexto en el que estiman que hay “unos 170 mil millones de dólares fuera del sistema financiero”.
El tratamiento se realizó en el marco de una reunión informativa en plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, presididas por Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.
La titular de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aclaró que la ley original incluía en su articulado la modificación de normas relacionadas con el derecho penal. En esa línea, informó que en el proyecto no se modifica el piso que determina cuándo una persona puede ser considerada evasora o alcanzar apercibimientos administrativos, sanciones o multas. Además, remarcó: “Debemos dejar en claro que esta modificación no genera ningún tipo de beneficio, posibilidad de impunidad o modificación de la normativa penal que ya en su momento aprobó este Congreso”.
En la primera exposición, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, indicó que el vencimiento de la declaración jurada de ganancias se postergó para agosto y sostuvo que es necesario “ampliar, lo que está hoy vigente, a otro universo de contribuyentes”. Según explicó, la adhesión al régimen simplificado fue “muy importante” y, por eso, “consideramos que está bien ampliarlo para que haya más cantidad de adhesiones”.
Balestrini afirmó que “no hay ninguna modificación” a ninguna norma de tipo penal y precisó que dentro del régimen vigente “hay una gran parte que es para todos, hayan o no adherido al régimen de declaración jurada simplificado de ganancias. Son dos cosas distintas”.
La funcionaria sostuvo que la principal modificación con el régimen actual es la ampliación del universo de personas que pueden realizar la adhesión. Recordó que se trata de un régimen para personas humanas residentes del país, que también podrán regularizar sus fuentes nacionales como extranjeras. “En absolutamente nada modifica la liquidación del impuesto a las ganancias, no hay ninguna exención adicional, no hay ningún tratamiento distintivo en el mecanismo de liquidación del impuesto a las ganancias. No hay que dejar de declarar ingresos, no hay que declarar más gastos, ninguna corrección en el mecanismo de liquidación del impuesto a las ganancias. Esto es lo que está vigente y este proyecto no tiene ninguna modificación”, indicó.
Según detalló, quienes adhieran al régimen simplificado de ganancias liquidarán el impuesto del mismo modo que en el régimen general, pero con una diferencia vinculada al “mecanismo de presentación de la declaración jurada”, ya que se parte de información que “el organismo administrador, que es ARCA, pone a disposición del contribuyente”. En ese marco, afirmó que los beneficios del régimen no implican una “distinción en la liquidación del impuesto” y precisó que lo que se obtiene es “un efecto liberatorio del pago y una presunción de exactitud”.
Balestrini sostuvo que el texto actual fija parámetros objetivos, por lo que “aquellos ciudadanos con ingresos mayores a mil millones o patrimonios superiores a 10 mil millones no pueden adherirse”. Y agregó: “No solo ampliamos a todo el universo, pero los grandes contribuyentes podrán adherir, pero no podrán acceder a ninguno de los beneficios o efectos que genera la adhesión al régimen simplificado. Esto está previsto en la reforma”. Remarcó, además, que “se decide ampliar el universo porque hasta el momento el grado de adhesión que hubo es de 450 mil personas. Nos parece apropiado ampliarlo”.
También explicó que, a partir de esta iniciativa, quienes se adhieran deberán ser residentes argentinos todo el período y que “la discrepancia significativa se aplicará sobre el impuesto determinado”. Asimismo, señaló que la reforma “no se limitan facultades del fisco” y aclaró que “cualquier bien personal que se adquiere o depósito de fondos que se realicen deberá incluirse en la declaración jurada considerando como fecha de ingreso el momento en que manifieste esa adquisición”. “Todo tiene que ver con dar certeza jurídica a cuestiones que se plantearon. La principal modificación es ir por un sistema tributario que se acentúe más la simplificación. No es más que eso el proyecto”, concluyó.
Luego, el Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, realizó un análisis comparativo y sostuvo que “en cuanto a los lineamientos generales, la ley no sufre ninguna modificación”. Remarcó que el régimen sigue comprendiendo “al mismo universo de sujetos, que son las personas humanas y las asociaciones indivisas” y que “no entran las sociedades dentro de este régimen simplificado”.
Finalmente, el Director del Banco Central, Martín Vauthier, ubicó la propuesta en el contexto macroeconómico y señaló que la iniciativa se inscribe en medidas para el crecimiento sostenido del PBI. “Cuando uno mira las estimaciones de los montos de billetes en moneda extranjera que tienen los argentinos fuera del sistema financiero, estamos hablando de aproximadamente 170 mil millones de dólares, probablemente eso sea un piso”, sostuvo, y añadió que, como referencia, “los depósitos privados en el sistema financiero en moneda extranjera son un poco más de 40 mil millones de dólares”. “Con lo cual, para ponerlo en dimensión, estamos hablando de un stock de billetes fuera del sistema entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en moneda extranjera”, indicó.
En ese marco, concluyó: “obviamente el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”.