El senador nacional Fernando Salino (San Luis) presentó dos proyectos de ley destinados a endurecer el acceso a la Ley de Inocencia Fiscal y a limitar los blanqueos para personas políticamente expuestas y quienes hayan ejercido funciones públicas.
La presentación de las iniciativas se da en el marco del escándalo que involucró al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien junto a su esposa, Bettina Angeletti, se habría adherido al régimen simplificado de Ganancias de la llamada “Inocencia Fiscal” mientras avanzaba una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Según se informó, la fiscalía detectó gastos con tarjeta de crédito que superarían ampliamente los ingresos declarados.
De acuerdo con el primer proyecto de Salino, se excluiría del régimen simplificado de Ganancias a funcionarios y personas del ámbito político, manteniéndose para ellos la obligación de presentar declaración jurada bajo el esquema general. La propuesta también alcanza a cónyuges, convivientes y familiares directos, y fija que la exclusión se mantendría hasta dos años después de dejar el cargo.
Manuel Adorni
La segunda iniciativa propone impedir que funcionarios y exfuncionarios de los últimos 10 años puedan ingresar a cualquier régimen de blanqueo o exteriorización de activos. La medida alcanza a los principales cargos de los tres poderes del Estado y a organismos de control, e incluye a familiares directos de los sujetos alcanzados.
El texto además prevé exclusiones para determinados supuestos: contempla que queden fuera personas condenadas por ciertos delitos, contratistas del Estado y otros sujetos contemplados en la normativa.
El Senado había sancionado a fines de diciembre de 2025, la Ley de Inocencia Fiscal, una norma que introduce cambios en el Régimen Penal Tributario y apunta a ajustar los umbrales de evasión, que hoy se encuentran “desfasados” según el proyecto aprobado.
La ley, además, contempla mecanismos para incentivar la regularización de capitales en poder de los contribuyentes, con el supuesto objetivo de promover el ingreso de “dólares del colchón” al sistema.
