El abogado y escritor especializado en derechos humanos, Pablo Llonto, expresó en la Cámara de Diputados su “tristeza” por el estado actual de las causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad y sostuvo que se trata de una situación que observa desde hace década, y señaló que actualmente existen “1.237 genocidas condenados, de los cuales 82 están en cárcel común y algo más de 400 cumplen prisión domiciliaria”. Sin embargo, advirtió que esas cifras no reflejan el ritmo real del proceso judicial: “Parece mucho, pero las causas avanzan muy lentamente”, afirmó.
Además, remarcó que aún “miles y miles de genocidas no han sido llevados a juicio en la Argentina”, en referencia a las demoras que, según sostuvo, persisten en el juzgamiento de los responsables de delitos cometidos durante la última dictadura.
El letrado destacó que el problema no es solo la demora, sino también criterios que calificó como arbitrarios. “Venimos a hablar de la situación de las prisiones domiciliaria”, manifestó, y sostuvo que en la justicia federal “se comete cada año” una “doctrina muy particular… la doctrina del viva la pepa”, basada —según afirmó— en que “cada juez y de cada tribunal” decide “hacer lo que quiere”. En esa línea, advirtió que “si la inmensa mayoría de los genocidas vivos hoy están en domiciliaria es por la arbitrariedad de esa mayoría de jueces en toda esa cadena”.
El abogado relató cómo se enteran de violaciones a las condiciones de domiciliaria a partir de alertas vecinales. “Una hora antes de venir para acá una compañera llama para avisarnos que un vecino de un country nos avisa que un genocida está caminando libre por el country…”, indicó, y explicó que entonces buscan pruebas para alertar a juzgados o tribunales: “así hemos detectado genocidas paseando el perro… o saliendo a hacer compras en el supermercado”.
Según Llonto, en un caso el condenado argumentó que necesitaba salir a hacer compras y que aprovechó “que era el día de ofertas”, pero no se le revocó la domiciliaria. Luego sumó ejemplos con autorizaciones y eventos.
También contó que hubo un caso de un genocida con domiciliaria que “pudo pedir permiso para salir y hacer la verificación vehicular…”, y que la respuesta del tribunal federal ante una demanda dijeron «sí y le dieron la autorización”.
El escritor cuestionó la falta de consecuencias cuando las denuncias surgen a partir de eventos difundidos en redes sociales. Como ejemplo, describió el caso de una persona con prisión domiciliaria que “organiza una gran fiesta en su casa, convoca a un músico popular, se realiza el evento, circulan videos y fotos, el fiscal pide la revocación de la domiciliaria y el tribunal de San Juan no la revoca”. Según señaló, la respuesta judicial fue: “vamos a resolver que no haga más eventos especiales”.
“Tenemos serios problemas, y esos serios problemas existen por muchos jueces y muchas juezas que tienen este criterio del ‘viva la pepa’
Al cierre, también apuntó a cuestiones institucionales y sostuvo que “la Corte Suprema hace años que no convoca a la comisión interpoderes”, un mecanismo que —según explicó— fue creado para acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad. “No importa, vamos a seguir con los juicios”, concluyó.
De esta manera, Llonto volvió a poner el foco en los desafíos que persisten en la ejecución de las penas por delitos de terrorismo de Estado en la Argentina. Aunque el país es reconocido internacionalmente por haber llevado a juicio a los responsables de la última dictadura militar, la flexibilidad en los controles sobre el cumplimiento de las prisiones domiciliarias volvió a generar un fuerte cuestionamiento por parte de los organismos de derechos humanos.