El mapa tributario del Conurbano bonaerense sumó un nuevo capítulo de debate político y económico. En una sesión maratónica y con discusiones cruzadas, el Concejo Deliberante de Ituzaingó aprobó por mayoría la nueva ordenanza Fiscal Impositiva que regirá los destinos económicos del municipio.
La normativa introduce cambios estructurales en las tasas locales bajo una premisa de progresividad: otorgar un marcado alivio fiscal a las familias, comercios de barrio y pequeñas pymes, mientras se incrementa la presión recaudatoria sobre las grandes superficies comerciales y las firmas con mayor nivel de facturación en el distrito.
La validación definitiva llegó tras el veredicto de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que respaldó el proyecto girado originalmente por el Departamento Ejecutivo municipal. El argumento oficial para defender las modificaciones se centró en la necesidad de “dotar a la administración de mejores estándares de modernidad”. La votación arrojó un resultado de 24 votos a favor y 12 en contra.
Sin embargo, el debate legislativo dejó una particularidad política en el recinto: se registró una mayor cantidad de mayores contribuyentes que de concejales expresando su rechazo. Este escenario se produjo debido a tres ausencias clave en las bancadas opositoras al momento de levantar la mano, destacándose los faltazos de la edila Luciana Prats (Propuesta Republicana PRO) y de los hermanos Christian y Walter Lanaro (PRO).
Para el presidente del cuerpo deliberativo, Juan Manuel Álvarez Luna, la sanción de esta reforma es un paso indispensable para los tiempos que corren. Según sus palabras, el texto aprobado: «Representa un avance hacia un Municipio más eficiente, donde se fomenta la formalización de la economía local y se garantiza que el esfuerzo fiscal sea distribuido de manera justa entre todos los habitantes».
Ituzaingó: alivio para vecinos, pymes y jubilados
Las fuentes legislativas del Gran Buenos Aires detallaron que la ordenanza introduce un paquete de beneficios directos para los sectores residenciales y los pequeños eslabones comerciales de la economía local. Los puntos centrales del beneficio comunitario se estructuran de la siguiente manera:
- Derechos de Construcción: Se dispuso una rebaja promedio del 50% en los montos por metro cuadrado para aquellas viviendas unifamiliares de hasta 150 metros cuadrados. La medida busca incentivar la regularización de planos y la ampliación de hogares donde conviven personas con un mismo grado de consanguinidad.
- Tope social para la clase pasiva: Los jubilados y pensionados locales contarán con un escudo fiscal. Lo que tributen en concepto de Servicios Generales tendrá un valor tope equivalente al 5% de sus ingresos totales. Además, se ratificó la exención del 100% para los abuelos que perciban hasta dos haberes mínimos, y del 50% para quienes cobren hasta tres ingresos mínimos.
- Comercios de cercanía: Aquellos locales de barrio dedicados a la comercialización de alimentos que registren una facturación anual por debajo de los $600 millones recibirán un fuerte incentivo. Su alícuota en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene será del 4‰, quedando dos puntos porcentuales fijos por debajo de la alícuota general del 6‰.
- Emprendedores independientes: Las explotaciones unipersonales (personas físicas con proyectos propios) recibirán un descuento del 50% en los derechos de publicidad y propaganda, quedando eximidos de pagar recargos por zonificación.
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En la otra vereda de la recaudación, el Municipio rediseñó las cargas para que las firmas de mayor envergadura realicen un aporte proporcional a su volumen de negocios. Para los Grandes Contribuyentes que pagan más de $1.000.000 por mes en Seguridad e Higiene, la Tasa de Protección Ciudadana dejará de cobrarse como una suma fija y se transformará en una alícuota del 10% sobre el total liquidado. Asimismo, para los hipermercados, grandes cadenas de supermercados y mayoristas, se fijaron alícuotas progresivas que oscilarán entre el 8‰ y el 9‰ de acuerdo con su facturación anual.
La reforma también pisa fuerte en el control urbano y la persecución de las construcciones clandestinas. La ordenanza cierra vacíos legales históricos y faculta a la comuna a cobrar de forma inmediata los derechos sobre obras no autorizadas que sean detectadas mediante inspección o control municipal. Una vez detectada la falta, los propietarios tendrán un plazo perentorio de seis meses para regularizar los planos correspondientes.
Para aceitar el flujo de caja diario, las autoridades sumaron herramientas de infraestructura digital: se agruparon los cables de fibra óptica (hasta 160 pelos) para simplificar el cobro a las empresas de telecomunicaciones y se quitaron recargos de zonificación en postes y alquiler de infraestructura municipal para redes. Además, se lanzarán incentivos por buen cumplimiento a través de descuentos por pago adelantado (con opciones semestrales y anuales) y la alternativa de adherirse al débito automático.
El debate político dejó en evidencia las dos visiones contrapuestas que conviven en el Conurbano respecto al rol del Estado y las tasas municipales. Desde la oposición, el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Hugo Equiza, justificó su voto negativo apuntando directamente contra los gastos de la intendencia: «El Gobierno municipal debe tener austeridad en el manejo de los recursos. Si hubiera una correcta administración no sería necesaria esta actualización».
El edil libertario aprovechó su intervención para nacionalizar la discusión local: «De los últimos 39 años, el peronismo gobernó en 35 en la Provincia y una misma familia durante 31 años en Ituzaingó. Echarle la culpa a Javier Milei por lo que nos falta, como asfaltos y servicios en todos los hogares del distrito, es algo que no corresponde», sentenció, según informó Primer Plano On Line..
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La respuesta oficialista llegó de la mano de Alfredo Almeida, presidente del bloque Fuerza Patria, quien recogió el guante y defendió la progresividad de la norma con términos categóricos: «Les estamos aumentando a empresas muy grandes, que facturan mucho mensualmente. No le estamos aumentando nada a nuestros vecinos: esta ordenanza tiene como objeto mayor equidad según la capacidad contributiva».
Para cerrar su alocución, el concejal del Frente de Todos chicaneó la política económica nacional: «Las necesidades son infinitas, pero los recursos son escasos. A nosotros nos gustaría bajar los impuestos, pero no a los ricos como hace el Gobierno nacional«, concluyó de manera tajante.