El fiscal federal Gerardo Pollicita analiza profundizar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que el funcionario presentara su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. A partir de la información incorporada al expediente, el representante del Ministerio Público evalúa ampliar el período de análisis patrimonial y avanzar con nuevas medidas de prueba para determinar el origen y evolución de los bienes declarados.
Según trascendió, la presentación realizada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción incluye referencias a la adquisición de bitcoins y otros activos previos a su desembarco en la administración pública. Ante esta situación, la fiscalía considera necesario revisar no sólo los movimientos patrimoniales registrados desde el inicio de su gestión, sino también aquellos correspondientes a años anteriores.
En ese contexto, Pollicita ya cuenta con las declaraciones juradas públicas de bienes del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. Sin embargo, todavía aguarda la remisión de la información reservada, considerada clave para establecer montos, fechas y el origen de los fondos declarados.
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Una vez incorporados esos datos al expediente, el fiscal definirá si corresponde ampliar formalmente el objeto de la investigación y requerir nuevas medidas probatorias. Para el análisis técnico de la documentación, la Fiscalía cuenta con el apoyo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), la unidad especializada del Ministerio Público Fiscal dedicada al estudio de operaciones económicas complejas.
Paralelamente, Adorni enfrenta otras investigaciones judiciales. Una de ellas, a cargo del juez federal Ariel Lijo, busca determinar si existieron irregularidades vinculadas a su relación con Marcelo Grandío, quien lo habría alojado en Punta del Este durante un viaje realizado en avión privado. Asimismo, otro expediente pone bajo la lupa los vínculos entre la consultora de coaching ontológico de Bettina Angeletti y tres empresas contratistas del Estado.
De este modo, la causa por presunto enriquecimiento ilícito ingresa en una nueva etapa, marcada por el análisis exhaustivo de la evolución patrimonial del funcionario y la posibilidad de extender el período investigado más allá de su desempeño en la función pública.