Funcionarios provinciales, representantes sindicales y referentes de organizaciones vinculadas a la infraestructura cuestionaron este martes la paralización de la obra pública a nivel nacional durante una reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. Los expositores coincidieron en que la situación es “muy compleja” y reclamaron al Gobierno nacional que retome la inversión en proyectos estratégicos para el desarrollo económico, la conectividad y la generación de empleo.
El encuentro, presidido por el diputado Martín Aveiro (Unión por la Patria), tuvo como objetivo analizar el impacto de la suspensión de obras en las provincias y avanzar en una agenda legislativa vinculada al sector. Según detalló el legislador, existen 27 proyectos e iniciativas en tratamiento relacionados con la problemática.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas de La Rioja, Eduardo Andalor, señaló que la provincia enfrenta dificultades para continuar obras esenciales debido a la falta de recursos y denunció incumplimientos por parte del Gobierno nacional en materia de financiamiento. También cuestionó la eliminación de fondos extra coparticipables y reclamó el pago de compromisos asumidos para la construcción de infraestructura educativa.
“La obra pública es indispensable para el desarrollo de nuestros pueblos. No alcanza con el equilibrio fiscal, también hace falta equilibrio territorial”, sostuvo el funcionario.
El diputado nacional Germán Martínez advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, tendrá en el mediano y largo plazo la paralización de la obra pública impulsada por el Gobierno nacional y sostuvo que aún no existe una verdadera dimensión del impacto que estas medidas están generando sobre la infraestructura del país.
“La magnitud del recorte supera una simple reducción presupuestaria y está provocando un deterioro que tendrá costos significativos en el futuro”, planteó el congresista, para luego referir que “Ya no estamos hablando solamente de menos fondos, sino del daño que se está provocando sobre la infraestructura pública”, y remarcó que muchas de las consecuencias no son inmediatas, «pero comenzarán a hacerse visibles con el paso del tiempo” para luego alertar que cualquier futura administración que decida “retomar la inversión en infraestructura deberá afrontar elevados costos de recuperación y financiamiento para revertir el deterioro acumulado”.
Uno de los principales expositores fue el ministro de Obras Públicas de La Pampa, Alfredo Intronati, quien afirmó que desde 2023 la obra pública nacional “fue paralizada en todo el país”. El funcionario destacó que su provincia logró sostener gran parte de los proyectos gracias a recursos propios y a la aprobación de una ley de emergencia provincial que permitió dar continuidad a las obras en ejecución.
“La obra pública es trabajo, mejora la calidad de vida y genera desarrollo”, sostuvo Intronati, quien además señaló que La Pampa absorbió la ejecución de 59 obras abandonadas por el Estado nacional. Según indicó, el 93% de los proyectos que estaban en marcha ya fueron finalizados con financiamiento provincial.
El funcionario también reclamó el reconocimiento de una deuda superior a los 113 mil millones de pesos correspondiente a obras originalmente financiadas por Nación. “La obra pública no es solo cemento e hierro; genera igualdad, derechos y empleo”, remarcó.
El diputado nacional, de Santiago del Estero, Marcelo Barbur,advirtió sobre el impacto que tuvo la suspensión del financiamiento nacional para obras públicas que se encontraban en ejecución y destacó el esfuerzo realizado por el gobierno provincial para garantizar la continuidad de algunos proyectos considerados estratégicos.
Durante una exposición, el legislador explicó que las obras afectadas habían sido previamente acordadas mediante convenios entre el Estado nacional y la provincia, habían atravesado los procesos de licitación y adjudicación correspondientes y, en muchos casos, ya registraban avances significativos en su ejecución cuando se interrumpieron los desembolsos nacionales.
Barbur, remarcó que las obras públicas comprometidas tienen un carácter estratégico para las provincias, ya que están vinculadas al desarrollo productivo, la conectividad, la infraestructura sanitaria y la mejora de la calidad de vida de la población.
Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Jorge Pellegrini advirtió sobre el fuerte impacto de la paralización de proyectos en el empleo del sector. Según explicó, la cantidad de trabajadores registrados pasó de 450 mil a 360 mil en los últimos años y actualmente la actividad se sostiene principalmente por obras privadas.
“No hay un plan de obras y las pocas intervenciones existentes son reparaciones o concesiones menores”, afirmó. Además, sostuvo que la inversión pública destinada a infraestructura cayó progresivamente hasta representar apenas el 0,2% del presupuesto nacional en 2025 y 2026.
En representación de Tucumán, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, defendió el rol estratégico de la inversión estatal y afirmó que “la obra pública no es un gasto, sino una inversión que mejora la calidad de vida de los argentinos”. En ese sentido, pidió al Gobierno nacional que reconsidere su política en materia de infraestructura.
También se expresó en la misma línea el intendente de La Paz, Mendoza, Fernando Ubieta, quien consideró que la obra pública constituye una herramienta fundamental para el crecimiento de los municipios del interior.
Durante la jornada, además, referentes de organizaciones vinculadas a la seguridad vial alertaron sobre el deterioro de la infraestructura de transporte. Fabián Cattanzaro, de la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), sostuvo que la situación actual justifica declarar la emergencia vial, mientras que Ricardo Lasca, del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), advirtió sobre problemas estructurales vinculados a la red vial y al sistema de peajes.
La reunión contó además con la participación de representantes de la provincia de Buenos Aires, gremios estatales y organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales, quienes coincidieron en la necesidad de recuperar una política activa de inversión pública para garantizar el desarrollo productivo, la integración territorial y la seguridad de los ciudadanos.