Las pequeñas y medianas empresas volvieron a manifestar su preocupación por el complejo escenario económico que atraviesan y reclamaron al Gobierno nacional la implementación de una tregua fiscal. Entre las medidas solicitadas figuran la suspensión temporal de embargos, ejecuciones fiscales y multas, además de la creación de un plan especial para refinanciar deudas tributarias en condiciones más accesibles.
El pedido fue impulsado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), que alertó sobre el impacto que tienen las medidas de cobro compulsivo aplicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) en un contexto marcado por la debilidad del consumo, el aumento de los costos operativos y las dificultades para acceder al crédito.
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Desde la entidad sostienen que numerosas pymes enfrentan problemas de liquidez y que los embargos sobre cuentas bancarias y créditos a cobrar terminan afectando la continuidad de las operaciones comerciales. Según advierten, la presión fiscal en las actuales condiciones económicas puede derivar en el cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo y un crecimiento de la informalidad.
Como alternativa, Came propuso la puesta en marcha de un régimen especial de facilidades de pago destinado a contribuyentes pyme. La iniciativa contempla la refinanciación de obligaciones impositivas mediante plazos más extensos y tasas de interés reducidas, con el objetivo de brindar previsibilidad y aliviar la carga financiera del sector.
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En ese sentido, el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de Came, Vicente Lourenzo, planteó la necesidad de habilitar planes de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente a la mitad de la tasa pasiva del Banco Nación.
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El reclamo llega en momentos en que la administración de Javier Milei busca consolidar el equilibrio fiscal y fortalecer la recaudación tributaria. Sin embargo, desde el sector empresario remarcan que la sostenibilidad de las pymes resulta clave para preservar el empleo formal y sostener la actividad económica, factores que consideran indispensables para garantizar una mayor recaudación en el futuro.