El diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria), junto a otros legisladores, presentó un pedido de informes al gobierno de Javier Milei por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 a Bolivia entre el 15 y 16 de mayo de 2026.
El envío de las dos aeronaves se produjo en el marco de las protestas populares masivas que reclaman la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. Desde Bolivia, el legislador opositor al gobierno de ese país, Rolando Pacheco denunció que los aviones argentinos no estarían transportando ayuda humanitaria, sino material para reprimir las protestas.
Los diputados argentinos le exigieron en el escrito que al titular del Ejecutivo nacional, Javier Milei que dé explicaciones urgentes sobre la carga, el personal embarcado y los acuerdos de este operativo militar.
Marino sostuvo que «es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», afirmó el diputado.
Hace dos días, el presidente Javier Milei ratificó el respaldo de la Argentina al gobierno de Bolivia y envió dos aviones Hércules con «ayuda humanitaria» ante la grave crisis social en el país vecino. Esto fue desmentido por el legislador Rolando Pacheco, quien señaló que el cargamento de las aeronaves contenía material para reprimir las protestas.
La respuesta del mandatario boliviano, se conoció en forma pública través de su cuenta de la red social X, en la que agradeció al presidente Milei por el «invaluable apoyo» con los aviones Hércules que viajaron hacia a la ciudad de La Paz «para tareas de asistencia humanitaria».
La represión que desató el gobierno boliviano ya personas asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad, decenas de heridos —algunos con impactos de bala que provocaron pérdida de visión— y al menos 47 detenidos al 16 de mayo, según denuncian las organizaciones populares que protagonizan la movilización.
El 24 de abril el gobierno boliviano designó como Viceministro de Seguridad Ciudadana al General Rodolfo Montero Torrico, quien fue Comandante General de la Policía Boliviana durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019.
Rodolfo Montero Torrico, fue señalado por el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte de la cadena de mando responsable y está imputado por la Fiscalía boliviana por genocidio, homicidio y lesiones graves,
«El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda. No podemos tolerar que el Estado argentino respalde la represión. Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta», argumentó Juan Marino.