El abogado defensor de Diego Landrisina, doctor Marcos Molero, brindó una extensa entrevista en Radio Fly 99.3 en la que defendió la actuación del secretario de Gobierno en uso de licencia de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y cuestionó duramente el rumbo de la investigación judicial que encabeza la Fiscalía.
Durante el diálogo, Molero aseguró que la causa se encuentra “desvirtuada” y sostuvo que no existió incompatibilidad alguna entre las funciones públicas de Landrisina y las operatorias vinculadas a la Bolsa de Comercio del Chaco.
“El municipio realizó inversiones completamente lícitas, monitoreadas por el Tribunal de Cuentas y amparadas por la legislación vigente. No hubo pérdida de dinero para Sáenz Peña; al contrario, hubo ganancias”, afirmó.
El letrado explicó que su defendido está siendo investigado por distintas figuras penales vinculadas a negociaciones incompatibles, aunque cuestionó que hasta el momento no se haya detallado concretamente cuál sería la supuesta incompatibilidad.
“Se habla de negociaciones incompatibles, pero jamás se explicó cuál es la incompatibilidad concreta. El municipio venía realizando este tipo de operaciones desde el año 2020”, remarcó.
Molero también apuntó contra sectores de la oposición y sostuvo que existe una utilización política y mediática del caso.
“Se perdió el eje de la investigación y se instaló un relato tendencioso. Hay una clara desinformación y fake news”, señaló, en referencia a publicaciones sobre presuntas facturas millonarias vinculadas a Landrisina.
En ese sentido, aseguró que la cifra difundida públicamente fue “groseramente exagerada” y sostuvo que la documentación mencionada no se corresponde con la realidad.
Asimismo, cuestionó el rol del fiscal Marcelo Soto y advirtió sobre presuntas irregularidades procesales en la causa, especialmente en relación con la participación como querellante de dirigentes opositores.
“Lo que está sucediendo es gravísimo desde el punto de vista institucional”, expresó.
Por otra parte, Molero confirmó que analizan avanzar judicialmente por la difusión de información falsa, aunque aclaró que todavía se encuentran reuniendo elementos probatorios.
Finalmente, el abogado sostuvo que continuarán aportando documentación y elementos técnicos para respaldar la legalidad de las operatorias realizadas por el municipio y reiteró que “no existieron privilegios ni favoritismos”.
“Hay funcionarios que están siendo atacados por una maniobra absolutamente válida y permitida por la normativa vigente”, concluyó.