El Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara) se expresó en contra del proyecto de ley que busca desregular la Marina Mercante.
Puntualmente, la iniciativa presentada en el Congreso por los diputados Diógenes González, Guillermo Agüero y Darío Schneider, busca dar curso al régimen de cabotaje nacional y habilitar el ingreso sin restricción alguna a buques de bandera extranjera en las vías navegables de Argentina.
Frente a esto, Siconara lamentó que la iniciativa haya sido elaborada “sin convocar ni consultar a las organizaciones gremiales, a los trabajadores embarcados ni a quienes diariamente sostienen el funcionamiento operativo de la navegación y el transporte fluvial y marítimo argentino”.
En este contexto, el titular del gremio, Mariano Vilar, sostuvo: “No estamos frente a un proyecto técnico ni ante una propuesta orientada al desarrollo nacional. Estamos frente a un nuevo intento de desregulación que pone en riesgo el trabajo argentino, la Marina Mercante y la soberanía logística de nuestro país”.
Al mismo tiempo, advirtió que, “detrás de estas iniciativas aparecen siempre los intereses económicos concentrados y foráneos que buscan maximizar su rentabilidad a costa de debilitar la capacidad estratégica del Estado argentino y destruir puestos de trabajo nacionales”.
Para Siconara, la apertura del cabotaje a banderas extranjeras representa “un grave retroceso para el país, ya que implicaría menos empleo argentino, menos industria naval, menos desarrollo regional y una creciente dependencia de intereses externos”.
Asimismo, amplió que “cada buque argentino que desaparece significa menos trabajo, menos astilleros, menos talleres y menos futuro para miles de familias. Defender el cabotaje nacional no es una discusión sectorial. Es defender la soberanía, la producción y la capacidad de la Argentina de controlar y desarrollar su propio sistema de transporte”.
A la voz de Vilar se sumó la del secretario de la Seccional Rosario del Siconara, Fernando Ramírez. “Detrás de este proyecto aparecen nuevamente los intereses de la Bolsa de Comercio de Rosario y de las grandes exportadoras”, denunció, argumentando que “buscan seguir aumentando sus ganancias multimillonarias a costa del trabajo argentino y de la soberanía nacional”.
Según los diputados que impulsan la normativa, se busca reemplazar una ley que data de 1944 para adaptarla a las exigencias logísticas y competitivas del siglo XXI.
