El gobierno de Estados Unidos profundizó su ofensiva económica contra Cuba y anunció nuevas sanciones contra el conglomerado militar GAESA, considerado uno de los principales pilares financieros del gobierno cubano.
La medida apunta directamente al grupo empresarial controlado por las Fuerzas Armadas, que según Washington maneja al menos el 40% de la economía de la isla.
Las sanciones fueron confirmadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostuvo que las nuevas restricciones buscan «privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos».
Además de GAESA, la administración de Trump sancionó a la minera Moa Nickel S.A., una empresa mixta vinculada al sector del níquel cubano y asociada a la canadiense Sherritt International. La ofensiva también alcanzó a Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del conglomerado militar.
Según el Departamento de Estado norteamericano, GAESA opera en sectores estratégicos como turismo, hoteles, comercio minorista, finanzas, construcción, puertos y remesas, lo que convirtió al conglomerado en una de las principales fuentes de ingresos del gobierno cubano.
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La magnitud de la estructura empresarial llevó a economistas y analistas a advertir que las nuevas sanciones podrían impactar sobre gran parte de la economía formal de la isla. El economista cubano Pavel Vidal aseguró que la presencia de GAESA atraviesa «casi todos los sectores» económicos y volvió riesgoso cualquier vínculo comercial con empresas relacionadas al grupo militar.
En paralelo, la canadiense Sherritt International anunció la suspensión inmediata de su participación directa en empresas mixtas dentro de Cuba, en una decisión interpretada como una señal del creciente aislamiento económico que enfrenta La Habana.
CRISIS ECONÓMICA Y ACUSACIONES CRUZADAS
Las nuevas medidas llegan en un contexto de profunda crisis económica en Cuba, marcada por apagones masivos, falta de combustible, escasez de alimentos y caída del turismo.
En las últimas semanas, el gobierno de Miguel Díaz-Canel denunció que el endurecimiento del bloqueo estadounidense provocó una situación de «asfixia energética» que afecta hospitales, transporte y servicios básicos.
Desde La Habana rechazaron las sanciones «en los términos más enérgicos» y acusaron a Washington de aplicar medidas de «castigo colectivo» contra la población cubana. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla incluso habló de una «intención genocida» detrás de la nueva ofensiva económica estadounidense.
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Rubio, en cambio, defendió las sanciones y aseguró que el objetivo es debilitar financieramente al aparato político y militar cubano, no a la población civil.
Mientras tanto, el gobierno cubano intenta contener una crisis económica que ya obligó a implementar recortes comparados con el «Período Especial» de los años noventa, tras la caída de la Unión Soviética.