El Gobierno de Santa Fe comenzó a enviar las primeras notificaciones a padres de menores involucrados en amenazas a escuelas, con reclamos que superan los 6 millones de pesos por los costos de los operativos de seguridad desplegados en cada caso. En este marco, la primera intimación fue entregada este lunes en la ciudad de Santa Fe por un monto de $6.024.944.
En ese sentido, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, precisó que corresponde a uno de los más de 70 involucrados en 58 hechos ya identificados.
El procedimiento realizado por la Policía notificó al padre sobre el detalle del reclamo. En ese momento, el hombre reaccionó con la expresión: “Cara la jodita”. Asimismo, el funcionario aclaró que la intimación fue dirigida a ambos padres del menor identificado como autor de una amenaza, quienes deberán abonar el monto en carácter de responsables solidarios. Además, adelantó que “se estarán despachando nuevas intimaciones”.
En ese contexto, Cococcioni explicó que estas medidas forman parte de una estrategia para recuperar los gastos ocasionados por los operativos policiales ante este tipo de amenazas. Por lo tanto, remarcó que no se trata de una sanción penal, sino de una indemnización civil destinada a resarcir el daño económico al Estado.
Las familias notificadas cuentan con un plazo de cinco días para abonar la suma correspondiente. De lo contrario, los casos serán derivados a la Fiscalía de Estado, lo que podría derivar en medidas como embargos de sueldos o inhibiciones de bienes, conforme a la normativa vigente.
En tanto, el procedimiento contempla la identificación tanto de los autores de las amenazas como de los adultos responsables, especialmente cuando se trata de menores. De hecho, la primera intimación se dirigió a los padres del joven involucrado.
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Por su parte, el ministro indicó que ya se identificaron responsables en 58 hechos, lo que implica “más de 70 personas involucradas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable. En consecuencia, explicó que, a medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, se emiten automáticamente las intimaciones correspondientes.
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Además, detalló que el monto reclamado se calcula en función de los recursos utilizados en cada operativo, como combustible, móviles policiales, brigadas especializadas y horas de servicio. Por ende, subrayó que las cifras exigidas reflejan “el costo exacto” de cada intervención.
Según estimaciones oficiales, el total a recuperar por los 58 hechos ya identificados supera los $250 millones y podría incrementarse a medida que avancen las investigaciones. En este sentido, desde el Gobierno provincial advirtieron que continuarán enviando nuevas intimaciones para desalentar estas prácticas y proteger los recursos públicos.