La relación entre intendentes de todo el país y la Casa Rosada atraviesa este martes su momento de mayor fricción. En una movilización masiva impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), jefes comunales de diversos puntos del país están hoy frente al Ministerio de Economía para visibilizar el estado de asfixia financiera que atraviesan sus distritos.
El diagnóstico entre los gobernantes municipales es unánime: la combinación de la caída en la recaudación, la eliminación de transferencias discrecionales y la parálisis total de la infraestructura está empujando a los territorios hacia un colapso operativo.
Uno de los protagonistas centrales de la jornada es el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis. El funcionario lidera una comitiva de intendentes que busca entregar un pliego de reclamos formales al ministro Luis Caputo. Entre los puntos innegociables figuran la reactivación de proyectos estratégicos, la restitución de fondos coparticipables retenidos y, fundamentalmente, la ejecución de los recursos derivados del impuesto a los combustibles.
La previa de la movilización estuvo marcada por declaraciones de alto voltaje. Katopodis puso el foco en un dato que afecta directamente el bolsillo de los vecinos y la logística municipal. Al advertir que el precio del combustible ya perforó el techo de los $2.000 por litro, el ministro bonaerense disparó: «Cada vez que cargas nafta, un tercio va a Nación; se quedan con la plata y no hicieron ni un kilómetro nuevo».
Bajo el concepto de una “estafa vial”, los intendentes denuncian que, mientras los usuarios pagan un impuesto específico destinado al mantenimiento de rutas, el Gobierno nacional retiene esos fondos para alcanzar el superávit fiscal. Esta situación tiene un impacto letal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el congelamiento de subsidios ya derivó en una drástica reducción de las frecuencias del transporte público.
Entre los presentes estuvieron Mariel Fernández, de Moreno; Andrés Watson, de Florencio Varela; Fernando Moreira, de San Martín; Pablo Descalzo, de Ituzaingó; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Mario Secco, de Ensenada; Fabián Cagliardi, de Berisso, entre otros. También Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
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Un dato político no menor es la cohesión lograda dentro del peronismo bonaerense para esta protesta, con figuras camporistas como como Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Waldemar Giordano (Colón) y la referente de Quilmes, Eva Mieri.
Desde este sector exigen que el precio de los combustibles se retrotraiga a los valores del 1° de marzo y que el Impuesto a los Combustibles Líquidos se aplique de inmediato a la reparación de calzadas. La presencia de este bloque se lee en los pasillos de la política como un gesto de cierre de filas detrás de la estrategia de Axel Kicillof, quien tiene previsto recibir a los jefes comunales tras la presentación en el Ministerio para reforzar el reclamo por las deudas acumuladas con la Provincia.
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El eje del conflicto no es solo presupuestario, sino tangible. En los municipios bonaerenses, la detención de la obra pública ha dejado heridas abiertas en el territorio. Un ejemplo crítico es la Ruta Nacional 5, donde la construcción de la autovía entre Suipacha y Mercedes se encuentra paralizada a pesar de tener un avance cercano al 40%.
La falta de mantenimiento y señalización en corredores nacionales no solo afecta la economía regional y el empleo local, sino que multiplica los riesgos viales. Según denuncias de diputados nacionales, el Gobierno nacional tiene retenidos más de $1,1 billones correspondientes a este impuesto específico, fondos que por ley tienen una asignación que no se está cumpliendo.
La movilización de este martes expone una realidad cruda: los intendentes sostienen que son la «primera ventanilla» de contención ante la crisis. Con la recesión golpeando el consumo y el aumento exponencial de la demanda social en los barrios, la gestión se vuelve cuesta arriba. «Se vuelve cada vez más difícil sostener servicios básicos», advierten desde las comunas, reconociendo que incluso algunos distritos ya enfrentan serias dificultades para cubrir el pago total de los salarios municipales.
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La jornada terminará con la expectativa de una respuesta oficial del Palacio de Hacienda, aunque los jefes comunales ya advirtieron que, de no mediar soluciones concretas, el próximo paso será profundizar la vía judicial para recuperar los recursos que, aseguran, pertenecen a sus vecinos.
«En el acumulado de dos años y cuatro meses de gestión, el actual Gobierno Nacional lleva recaudados $6,1 billones a través de impuestos que no fueron ejecutados para obras de infraestructura como establece la ley», argumenta la FAM, entidad que preside el matancero Fernando Espinoza.
«Este monto se compone de $3,1 billones del ex impuesto PAIS y de $3 billones derivados del Impuesto a los Combustibles Líquidos (el 28,5% de lo que se recauda por litro de combustible debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte (el 50% de esa recaudación corresponde a obras en rutas -SISVIAL-) y un 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica)», detallan.