Las farmacias de Santa Fe atraviesan una situación crítica por la falta de pagos del PAMI, un problema que ya se extiende a todo el país. Según entidades del sector, se acumulan deudas de varios meses que dificultan la reposición de medicamentos y ponen en riesgo la continuidad del servicio para los afiliados.
En este contexto, desde la Federación Farmacéutica de la República Argentina (Fefara) y la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) confirmaron que la obra social mantiene al menos cuatro pagos vencidos. Como consecuencia, más de 10 mil farmacias se ven afectadas por los retrasos, lo que genera serias complicaciones en toda la cadena de suministro.
Por un lado, el presidente de Fefara, Damián Sudano, explicó que las farmacias están “financiando” el sistema ante la falta de pagos. En ese sentido, advirtió que muchas ya no pueden sostener la cobertura total, ya que deben abonar los medicamentos a las droguerías sin contar con los ingresos correspondientes.
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Por otro lado, la titular de Cofa, Alejandra Gómez, confirmó que aún no se cobraron prestaciones correspondientes a enero, lo que deja a numerosos establecimientos al límite. “La cadena se rompe”, sintetizó, al describir el impacto directo de la falta de financiamiento en el funcionamiento del sistema.
Asimismo, desde el sector remarcaron que el problema no es nuevo. De hecho, los atrasos comenzaron a mediados de 2025 y se agravaron con el correr de los meses, en un contexto de caída de ingresos estatales. Por consiguiente, las farmacias debieron negociar plazos con droguerías para poder sostener la actividad.
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Sin embargo, la situación ya empieza a trasladarse a los pacientes. En particular, los jubilados afiliados a Pami podrían enfrentar dificultades concretas para acceder a sus medicamentos, especialmente en tratamientos crónicos o de alto costo.
En paralelo, otros sectores vinculados al sistema de salud, como los ópticos, también registran problemas similares. En algunas provincias incluso se produjeron cortes en las prestaciones, lo que evidencia la magnitud del conflicto.
En este sentido, desde las entidades farmacéuticas advirtieron que, si no hay una respuesta urgente del Estado, el escenario podría derivar en una crisis sanitaria, dejando el conflicto deja al descubierto la fragilidad de un sistema que depende de pagos regulares para garantizar un derecho esencial como el acceso a los medicamentos.